Neighpart SAECA fue adjudicada por el Instituto de Previsión Social (IPS) para proveer el servicio de evaluación y clasificación instantánea de pacientes en el Área Central. La contratación corresponde a la licitación pública ID 474353 (LPN 136-25), con un monto máximo de G. 35.000 millones y un mínimo de uso de G. 17.500 millones.
El paquete incluye cabinas de triaje y personal técnico para operar en urgencias. Según el Pliego de Bases y Condiciones, el objetivo es reducir la congestión en los servicios, agilizando la clasificación de pacientes y ordenando los flujos de atención en los puntos críticos del sistema.
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La adjudicación reavivó críticas de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE). El gremio sostiene que el gasto previsto para el triaje externo compite con necesidades más urgentes. También advierte que la medida no atacaría las causas del colapso en Urgencias, Clínica Médica y quirófanos.
Mirna Gallardo, presidenta de la APE, cuestionó el enfoque de la compra. “En el pliego de bases y condiciones está que el objetivo es disminuir la congestión en las urgencias, pero esta decisión de llamar a licitación para estas cabinas no va a disminuir en nada”, afirmó. Para la dirigente, el problema se arrastra por falta de medicamentos, insumos y personal suficiente.
El comunicado del gremio contrasta costos: el triaje realizado por enfermeras —toma de presión, temperatura y otros parámetros— tiene un costo de G. 5.330 para la previsional. Con las cabinas, el monto sube a G. 65.000 por procedimiento, según la APE. El sindicato reclama que la inversión priorice la dotación de recursos humanos y medicamentos.
La discusión también se cruza con la política salarial. Gallardo señaló que al personal de enfermería se le paga alrededor de G. 3.000.000 cuando, según el gremio, el piso debería ser G. 4.320.000. “A nosotros nos dicen que no hay dinero para poder nivelarle a esa gente a lo básico que es el sueldo, vienen a despilfarrar 35 mil millones de plata de los asegurados”, sostuvo.
Con el nuevo contrato, Neighpart suma 18 adjudicaciones con el IPS en la última década (2015–2025), por un total de G. 460.000 millones, equivalentes a unos USD 65 millones al cambio actual. La firma tiene como representante legal a Sandra Caballero Ojeda; no obstante, el propietario es Claudio Alberto Escobar Brizuela, empresario que también representa a Cevima SA, compañía que obtuvo numerosos contratos durante el gobierno de Horacio Cartes.
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En el total de sus negocios con el Estado, la empresa registra 34 contratos: además del IPS, ganó 14 licitaciones con el Ministerio de Salud, una con el Ministerio del Interior y otra con la Municipalidad de Ciudad del Este. El consolidado asciende a G. 588.000 millones, cerca de USD 83 millones.
El debate queda abierto sobre el impacto real de las cabinas de triaje en la descompresión de urgencias. El gremio insiste en que la solución debe comenzar por fortalecer plantillas, insumos y provisión de medicamentos. “Esto es una vergüenza. Esto es un atropello hacia la ciudadanía”, expresó Gallardo al reiterar la crítica al destino del gasto.
Fuente: Última Hora