Foto: Gustavo Machado
El subsidio al transporte público de pasajeros en el país costó a las arcas del Estado aproximadamente USD 250 millones entre los años 2015 y 2025. Este monto monumental, destinado a mitigar los costos y sostener el sistema, no logró impactar significativamente en la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos, según el análisis de la evolución del gasto.
Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan que el gasto en la categoría 878, “Aportes o subsidios al transporte público colectivo y otros sectores”, sumó G. 1,333 billones (unos USD 208,8 millones) entre 2015 y 2024. El salto en la ejecución presupuestaria fue notorio. La cifra ejecutada en 2015, de G. 20.708 millones, se multiplicó casi por dieciocho en menos de una década, alcanzando G. 372.150 millones en 2023.
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El crecimiento de este aporte se aceleró especialmente desde 2021, cuando el monto superó los G. 116.180 millones, manteniéndose por encima de los G. 367.000 millones en los años posteriores. De enero a septiembre de 2025, el desembolso ya ascendió a G. 261.535 millones. Este ritmo evidencia el peso creciente de los subsidios en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
En paralelo, la justificación inicial para los subsidios fue compensar la suba del combustible. Sin embargo, en la práctica, se han consolidado como un componente estructural del gasto. Esta dependencia estructural puede desplazar recursos vitales para inversiones con mayor retorno económico.
La baja del precio internacional del petróleo podría ser una ventana de oportunidad para Paraguay, un país importador de energía. El Banco Mundial (BM) sugiere que esta coyuntura da un margen para revisar la estructura de subsidios y eliminarlos gradualmente.
Además, la institución financiera internacional recomienda reasignar los fondos liberados hacia inversiones productivas que potencien el crecimiento. Infraestructura, educación y salud son sectores clave que fortalecen la productividad y generan empleo formal.
El mantenimiento de un subsidio indefinido desvía recursos que podrían financiar proyectos de conectividad vial y logística. Por su parte, el contexto actual invita a un replanteamiento de la política pública.
Por último, reorientar parte de estos fondos hacia proyectos de transporte público eléctrico, la modernización de flotas y mejoras en la infraestructura vial urbana, permitiría reducir la dependencia del subsidio al combustible. Esta estrategia no solo alinea al país con objetivos de desarrollo sostenible, sino que también mejoraría la eficiencia del sistema.
Fuente: Elaborado por MF Economía e Inversiones para ABC Color
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