Foto: Gentileza
El sector de la construcción atraviesa una situación crítica debido al atraso en los pagos que mantiene el Estado con empresas contratistas y proveedores. La Cámara Paraguaya de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadimaco) expresó su preocupación ante la falta de información oficial sobre el plan de regularización de estas deudas, que, según estimaciones de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), ya superan los USD 300 millones.
En un comunicado, Cadimaco advirtió que la falta de pagos genera un efecto dominó que alcanza a distribuidores, proveedores industriales y a miles de trabajadores dependientes del rubro. “Esta situación afecta directamente a nuestros asociados y debilita la previsibilidad necesaria para sostener la actividad económica”, señaló el gremio.
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El documento recuerda que al inicio de la actual administración se realizaron pagos parciales, pero a la fecha no existe un cronograma oficial que indique cómo y cuándo se cancelarán los compromisos restantes. “Instamos al Gobierno a establecer un diálogo claro y responsable con los gremios del sector para recuperar la confianza y garantizar la continuidad de las obras”, enfatiza el texto.
La Capaco, por su parte, advirtió que la deuda incluye tanto los certificados de obras ejecutadas como los intereses acumulados, que rondan los USD 110 millones. Su presidente, José Luis Heisecke, explicó que muchas empresas llevan meses —e incluso años— sin recibir pago alguno, lo que las obliga a endeudarse con el sistema bancario para mantener sus operaciones.
“El problema es doble: el Estado no solo adeuda por obras ya concluidas, sino también por los intereses generados. Esto compromete la sostenibilidad del empleo y el futuro de las compañías”, sostuvo Heisecke, quien advirtió que la situación podría derivar en la paralización de proyectos y despidos masivos.
Desde Cadimaco y Capaco coincidieron en que el rubro de la construcción es uno de los motores de la economía nacional, y su desaceleración repercute en toda la cadena de valor. Por ello, solicitaron al Gobierno una hoja de ruta que incluya un plan de pago transparente, un cronograma de regularización y una estrategia de financiamiento que garantice la estabilidad del sector.
Mientras tanto, las empresas afectadas continúan operando con recursos limitados, a la espera de señales concretas del Ejecutivo. Los gremios advirtieron que, de persistir la incertidumbre, el impacto podría extenderse al mercado laboral, afectando a miles de familias que dependen del trabajo en obras públicas y privadas.
Fuente: ABC Color
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