Desestimada. Sandra Quiñónez, ex fiscala general del Estado. Foto: Archivo ÚH.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú desestimó la denuncia presentada contra la exfiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, así como contra una exintegrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, una fiscala adjunta y tres ex agentes fiscales. El caso se refería a un presunto blanqueamiento de licitaciones consideradas amañadas por un valor de USD 20 millones, vinculadas al extitular del IPS, Benigno López, y al exsenador Fernando Silva Facetti. La resolución se adoptó tras el pedido del fiscal Leonardi Guerrero.
Guerrero argumentó que la investigación no permitió identificar hechos punibles en la conducta de los señalados. El dictamen que sustentó la desestimación expuso que las actuaciones analizadas no evidenciaron irregularidades que encuadren en los tipos penales citados en la denuncia. La resolución incluyó a los exfiscales Victoria Acuña, Julio Dos Santos y Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, así como a la fiscal adjunta Soledad Machuca y a la exrepresentante del Poder Ejecutivo ante el JEM, Mónica Seifart.
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La causa se inició luego de la denuncia del ciudadano Sergio Lovera Cañete, quien solicitó la revisión de 16 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado. También pidió la investigación de actuaciones relacionadas con la causa 137/12, vinculada a Fernando Silva Facetti por lesión de confianza, que estuvo a cargo de la fiscala Victoria Acuña, además de otra causa que involucraba a Benigno López. Lovera alegó que existieron cambios de carátula, extravío del expediente y posteriores solicitudes de desestimación.
El denunciante sostuvo que estas actuaciones motivaron reclamos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Afirmó que, a su criterio, las denuncias no fueron investigadas en tiempo y forma, lo que generó dilaciones que ponían en riesgo el avance del proceso penal. Estos elementos formaron parte del fundamento presentado ante el Ministerio Público para solicitar una revisión de los expedientes.
En su presentación, Lovera indicó que las presuntas irregularidades configuraban hechos punibles como frustración de la persecución y ejecución penal, lesión de confianza, realización del hecho por funcionario y prevaricato. No obstante, el análisis fiscal concluyó que no existían elementos suficientes para sostener estas figuras en relación con los denunciados. Por esta razón, se recomendó la desestimación de la causa.
La decisión del juez Otazú dio por concluido el proceso respecto a los señalados en la denuncia. Con la resolución, el juzgado confirmó que el Ministerio Público no halló elementos que permitan sostener imputaciones ni continuar con la investigación respecto al presunto esquema de licitaciones manipuladas. La determinación cierra formalmente la causa, salvo la aparición de nuevos elementos que puedan generar su reapertura.
Fuente: Última Hora
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