Édgar "Beto" Melgarejo Ginard, ex titular de la Dinac, en medio de sus abogados Claudio Lovera y Arturo Daniel. FERNADO ROMERO
La Corte Suprema de Justicia confirmó el sobreseimiento definitivo de los acusados en el caso conocido como “tapabocas de oro”, tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado por el Ministerio Público. Con esta decisión, la nulidad de la acusación queda firme y la causa por presunta corrupción pública durante la pandemia queda cerrada.
La resolución fue adoptada por mayoría por la ministra Carolina Llanes y el camarista Paublino Escobar, quienes integraron la Sala Penal del máximo tribunal. Según el fallo, el Ministerio Público no logró demostrar de manera concreta cómo la decisión del Tribunal de Apelación vulneraba normas procesales, limitándose a expresar su disconformidad con el resultado anterior. El camarista Camilo Torres votó por admitir el recurso, pero su posición fue minoritaria.
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De este modo, se mantiene vigente el Auto Interlocutorio N.º 155 del 14 de junio de 2024, emitido por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala de la Capital, que anuló la acusación fiscal y dictó el sobreseimiento definitivo del ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo Ginard y de otros exdirectivos.
Además de Melgarejo, fueron beneficiados el excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Ovelar, el exdirector del aeropuerto Silvio Pettirossi Fernando Gallardo, la exgerente administrativa María Luz Chamorro y el exdirector financiero Juan Carlos Turitich. El tribunal consideró que existían discrepancias entre los hechos señalados en la imputación original, presentada en 2020, y las acusaciones posteriores de 2021 y 2023.
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El caso se originó durante la pandemia, cuando el empresario Ignacio Pidal denunció la compra de tapabocas a precios sobrefacturados y vencidos por parte de la Dinac, entonces encabezada por Melgarejo. La institución adquirió 4.000 mascarillas tipo KN95 a G. 35.000 cada una, pese a que el Ministerio de Salud había fijado un precio máximo de G. 15.000.
De acuerdo con la acusación fiscal, en la Dinac se habría implementado un esquema de contratación irregular mediante el uso de figuras legales para desviar fondos públicos. Sin embargo, con la decisión de la Corte, la investigación queda definitivamente archivada, cerrando uno de los primeros casos emblemáticos de presunta corrupción durante la pandemia de COVID-19.
Fuente: ABC Color
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