Reunión del Comité Ejecutivo del Fonaress, presidida por el viceministro de Salud, José Ortellado. Mariana Ladaga
El Círculo Paraguayo de Médicos sostuvo que el Ministerio de Salud Pública asumió funciones que corresponden exclusivamente al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, lo que calificó como una usurpación ilegal. La organización afirmó que el hecho constituye una alteración seria del marco institucional y pidió la intervención inmediata del Parlamento y la Fiscalía.
El gremio explicó que el conflicto surgió cuando la Contraloría General de la República solicitó un plan de mejoramiento al Comité Ejecutivo de Fonaress. Según la versión de los médicos, se produjo un procedimiento irregular después de que Salud Pública remitiera un informe de evaluación a la Contraloría el 16 de octubre de 2025, pese a no tener atribución legal para elaborar, recibir o enviar documentos en nombre del Fondo.
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De acuerdo con el CPM, la Contraloría mantuvo en reserva ese informe durante casi un mes y lo comunicó al Comité Ejecutivo recién el 12 de noviembre. Para el gremio, esta secuencia confirma la sustitución del órgano competente, la ocultación de información institucional y la aplicación de un proceso ajeno a la normativa que rige a un ente autónomo como Fonaress.
El sindicato recordó que Fonaress es un organismo cuya representación y decisiones solo pueden emanar de su Comité Ejecutivo. Señaló que el Ministerio de Salud carece de autoridad para responder requerimientos de otras instituciones en nombre del Fondo. En su comunicado, el gremio afirmó que los actos emitidos por un órgano sin competencia son “nulos de nulidad absoluta” y mencionó que al aceptar ese documento, la Contraloría realizó una convalidación que afectó la autonomía del Fondo.
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El CPM agregó que el procedimiento vulneró principios de legalidad, competencia, transparencia y autonomía institucional. Consideró que esta situación afecta la confianza pública sobre el manejo de recursos destinados a tratamientos de alta complejidad y sostuvo que se trata de un precedente institucional de especial gravedad.
Ante este escenario, el gremio solicitó a la Contraloría un pronunciamiento público sobre su actuación. Asimismo, pidió al Parlamento iniciar una revisión urgente para resguardar la autonomía de los organismos creados por ley. Finalmente, requirió al Ministerio Público evaluar la apertura de una investigación de oficio por posible usurpación de funciones y eventuales responsabilidades derivadas del procedimiento. El gremio recordó que esta no es la primera vez que denuncia irregularidades administrativas en perjuicio de pacientes que dependen del Fondo.
Fuente: ABC Color
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