Desde el Instituto Forestal Nacional se expresó preocupación ante el avance hacia la impunidad del caso de los incendios forestales registrados en Chovoreca, donde se destruyeron más de 200 mil hectáreas de bosques y áreas protegidas. La institución coincide con la evaluación del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, quien afirmó que hubo negligencia fiscal en la investigación del siniestro que afectó la biodiversidad del Alto Paraguay.
La presidenta del INFONA, Cristina Goralewski, señaló que comparte plenamente el análisis del ministro Ríos sobre la falta de acciones del Ministerio Público en un incendio que afectó, entre otras zonas, más de 82.000 hectáreas del Parque Chovoreca. Recordó que la institución realizó la denuncia penal y aportó información técnica que permitió determinar los puntos de origen del fuego, lo que derivó en sanciones económicas aplicadas por el Ministerio del Ambiente a responsables de desmonte y quema en Bahía Negra.
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Goralewski apuntó que el INFONA acercó datos precisos a la Fiscalía de Fuerte Olimpo para facilitar la investigación, pero consideró que no hubo una respuesta proporcional a la magnitud del daño ambiental. Indicó que el equipo jurídico analiza medidas adicionales para evitar que el caso quede sin consecuencias penales. La titular del ente afirmó que la situación actual refleja una falta de avance que genera preocupación institucional.
En sesiones recientes de la Corte Suprema, el ministro Ríos reiteró que la investigación fiscal presentó falencias graves que contribuyeron a un escenario favorable para el sobreseimiento definitivo del único imputado, el ganadero Hugo Miguel Zelada. Según el ministro, las debilidades procesales fueron una mesa servida para la defensa, que obtuvo decisiones favorables en el Juzgado de Bahía Negra y en el Tribunal de Sentencia. Actualmente, el expediente se encuentra en la Corte Suprema ante un pedido de casación del fiscal Gabriel Rolón.
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Paralelamente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició una investigación preliminar contra los jueces y fiscales que intervinieron en el caso. El JEM solicitó informes detallados de los antecedentes, tras una denuncia del obispo del Chaco, Gabriel Escobar, quien sostuvo que el ecocidio no puede quedar sin responsables. La Secretaría Jurídica del organismo analizará la documentación para determinar los pasos siguientes.
El presidente del JEM, César Garay Zucolillo, remarcó que los incendios registrados en 2024 representan uno de los mayores desastres ambientales del país. Sostuvo que la destrucción de 200 mil hectáreas requiere un análisis riguroso de la actuación institucional y una revisión de las decisiones judiciales. Mientras tanto, el expediente en la Corte mantiene en suspenso la definición sobre el pedido de sobreseimiento definitivo.
Fuente: ABC Color
