Foto: Arcenio Acuña.
La jueza de Ejecución Penal Sandra Kirchhofer ordenó la captura nacional del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Ramón Bajac Albertini, cuya condena de tres años por cohecho pasivo agravado quedó firme tras el rechazo de los recursos extraordinarios. La magistrada dispuso el levantamiento de las medidas alternativas y estableció que, una vez detenido, el exministro deberá cumplir la pena en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza.
La misma resolución alcanzó al funcionario judicial Rafael Luis María Ramírez Doldán, condenado como cómplice a dos años y seis meses de prisión. El informe de la actuaria judicial detalló que Ramírez estuvo privado de libertad por dos meses, una semana y un día, y que actualmente no se encuentra recluido en ningún establecimiento penitenciario. Ambos deberán ser trasladados a la penitenciaría designada para la realización del cómputo final de pena.
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La condena a Bajac fue resultado de un proceso en el que se probó que, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, cuando integraba la Sala Civil de la Corte, solicitó una coima equivalente al cinco por ciento del capital en litigio de un caso entre la empresa Cal Agro SA y la Industria Nacional del Cemento. El pedido buscaba asegurar un voto favorable en un expediente de indemnización por daños y perjuicios que ascendía a G. 3.700 millones.
El Tribunal de Sentencia determinó que el exministro mantuvo reuniones con representantes de Cal Agro SA tanto en su despacho de la Corte como en su domicilio particular en Asunción. La verificación de antenas de telefonía celular permitió ubicar a las personas implicadas en los lugares señalados y confirmar la línea utilizada por Bajac, registrada a nombre de una tercera persona. Según el fallo, estos elementos demostraron su participación en la negociación ilícita.
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La causa incluyó además una entrega vigilada de G. 50 millones realizada a Rafael Ramírez en la Plaza de la Justicia, operación que fue grabada, filmada y ejecutada bajo supervisión policial y fiscal. El tribunal sostuvo que Ramírez facilitó las reuniones y actuó como intermediario en el esquema, lo que derivó en su condena. En el caso también fue mencionada la intervención de profesionales del ámbito jurídico convocados para formalizar un contrato de cuota litis que encubriría el pago.
Finalmente, el Tribunal señaló que todos los involucrados mantenían vínculos de dependencia o subordinación con Bajac, lo que refuerza la conclusión de que el pedido de dinero no pudo haberse realizado sin su participación directa. El colegiado calificó como inverosímil la versión de desconocimiento presentada por la defensa y destacó que la estructura del esquema carecería de sentido sin el entonces ministro como figura central.
Fuente: ABC Color
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