Pobladores de Atyra. ÚH
La audiencia pública realizada en Atyrá reunió a más de 400 ciudadanos y autoridades departamentales para examinar la crisis hídrica que afecta a amplias zonas del Departamento de Cordillera. La convocatoria buscó frenar proyectos inmobiliarios señalados como una amenaza directa al Acuífero Caacupé, considerado un recurso esencial para las comunidades locales.
Los pobladores de Atyrá, Zanja Hû y otras localidades cercanas expusieron que la escasez de agua se ha vuelto una situación crítica. Según relataron, varios pozos se encuentran secos y los arroyos han disminuido al punto de comprometer actividades básicas como la pesca. Las intervenciones atribuyeron este deterioro a las perforaciones realizadas por un emporio inmobiliario con autorización judicial para avanzar sin estudios de impacto ambiental.
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La presencia de legisladores nacionales, el gobernador Denis Lichi y los intendentes Juan Ramón Martínez, de Atyrá, y representantes de Altos y Nueva Colombia buscó reforzar el respaldo institucional ante los reclamos. Durante el encuentro se insistió en convertir la defensa del Acuífero Caacupé en una causa departamental, dada la magnitud del impacto ambiental declarado por la comisión vecinal Defensores del Agua.
Los ciudadanos solicitaron informes técnicos actualizados sobre el estado del acuífero, con el fin de determinar el alcance real de las perforaciones y la disminución de caudales. La exposición del representante legal de la comisión vecinal subrayó que la población enfrenta casi un año de dificultades por la reducción del agua disponible, un proceso que ha deteriorado la calidad de vida en varios sectores del departamento.
En paralelo, la comunidad pidió a los legisladores gestionar una intervención del Congreso ante el Poder Judicial. El objetivo es revisar la medida cautelar dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, que habilita a la empresa Petrohue SA a continuar con perforaciones destinadas al proyecto Highlands Park and Cristal Lagoon. La comunidad expresó su preocupación por una decisión que consideran favorable al desarrollo privado en detrimento del acceso al agua.
Las autoridades municipales remarcaron la necesidad de unidad política e institucional para responder a la crisis. La intendenta de Nueva Colombia, Rosa Escobar, afirmó que su administración acompañará la defensa del recurso hídrico. Los pobladores cerraron la audiencia con un llamado para que las instituciones asuman un rol activo y articulado, en busca de revertir el deterioro ambiental y priorizar la protección del Acuífero Caacupé.
Fuente: Última Hora
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