Supuesto ingreso de civiles (gentileza)
Las hijas de Luis Lindstron, productor secuestrado y asesinado por el EPP en 2013, denunciaron haber sido despojadas de la estancia que la familia ocupa desde hace décadas. Sostienen que el desalojo se concretó mediante una maniobra judicial irregular, ejecutada sin notificaciones, sin debido proceso y con participación de un juez, agentes fiscales y efectivos policiales.
De acuerdo con el relato de Silvia Lindstron, el 4 de noviembre Klaus Smith ingresó al inmueble con una orden judicial firmada por el juez de Horqueta, Alberto Panza. La familia afirma que esa resolución fue aplicada de manera abusiva y extemporánea, ya que nunca fueron informadas de la existencia de un juicio en curso y que, además, la disposición aún no estaba firme cuando se ejecutó.
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Silvia Lindstron recordó que Smith ya había reclamado esas tierras en un juicio iniciado en 2010, cuando su padre ocupaba y trabajaba desde hacía más de dos décadas la finca de Paso Itá. Ese expediente, según la familia, fue archivado por caducidad luego de que las hijas enfrentaran judicialmente la pretensión tras el asesinato del productor. Por ello, aseguran que la nueva decisión del juez Panza las tomó por sorpresa y que se dictó “en total indefensión”, sin darles participación alguna.
Las denunciantes subrayan que la posesión de la estancia por parte de los Lindstron es pública y conocida en la comunidad de Tacuatí y por las autoridades locales. El conflicto se profundizó el viernes 14 de noviembre, cuando el fiscal Joel González llegó al inmueble acompañado de una numerosa comitiva policial. Las hermanas describen el despliegue como un desalojo encubierto, sin que se haya exhibido una orden de allanamiento ni de desalojo debidamente presentada.
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Según su versión, la posesión fue entregada no solo a Klaus Smith, sino también a personas que, de acuerdo con Silvia, tendrían antecedentes y “vinculaciones turbias”, lo que incrementa las sospechas de la familia. Relató que el operativo incluyó a más de 50 policías que presionaron para que ella y su personal abandonaran la estancia, y que estuvo a punto de ser esposada. Afirmó que debieron dejar animales, maquinarias y pertenencias en el lugar, quedando todo bajo control del abogado de Smith.
La familia considera que el procedimiento constituye un despojo ejecutado con apoyo estatal, sin garantías y con un trato “como delincuentes”, pese a presentarse como poseedoras legítimas de la propiedad desde hace más de dos décadas.
En este contexto, adquiere relevancia política el hecho de que Silvia se postula a intendenta de Tacuatí por el movimiento Colorado Añetete, con el apoyo de Arnoldo Wiens, lo que sitúa el conflicto en un escenario donde se cruzan disputas judiciales, intereses sobre la tierra y la dinámica electoral en el distrito.
Fuente: Judiciales.net
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