La secretaria general del sindicato de funcionarios judiciales, Porfiria Ocholasky, confirmó que desde este jueves se pondrá en marcha un paro escalonado en las sedes de Amambay, Coronel Oviedo, Cordillera y otras circunscripciones. La medida fue anunciada como parte de un plan de presión para que el Senado apruebe el aumento salarial ya acordado en instancias previas y que será analizado el próximo martes. El anuncio fue realizado en entrevista con el medio especializado Judiciales NET.
Según detalló la dirigente sindical, el cronograma de huelga contempla diferentes franjas horarias. Este jueves 20 de noviembre el cese parcial de actividades se realizará de 07:00 a 08:00, por una hora. El viernes el paro se ampliará de 07:00 a 10:00, mientras que el lunes la suspensión de labores irá de 07:00 a 12:00, afectando de forma más intensa la atención en los juzgados.
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Para el martes, día en que el Senado prevé tratar el proyecto de reajuste salarial, los funcionarios judiciales se convocarán desde las 11:00 frente al Congreso Nacional. La movilización estará centrada en acompañar el debate legislativo y reforzar el reclamo del sector. La suspensión de actividades abarcará todas las sedes judiciales del país, con impacto en oficinas administrativas y áreas de apoyo jurisdiccional.
FUNCIONARIOS JUDICIALES CESARÁN ACTIVIDADES DE FORMA ESCALONADA, ESPERANDO REAJUSTE SALARIAL‼️
La Secretaria del Sindicato de Funcionarios Judiciales, Porfiria Melgarejo de Ocholasky, anunció que ya se descartó la huelga, pero que desde hoy y hasta el martes funcionarios… pic.twitter.com/H4lVdEoCtx
— Radio 780 AM (@780AM) November 20, 2025
Ocholasky explicó que, en caso de aprobarse la propuesta, alrededor de 4.000 funcionarios pasarían a percibir al menos el salario mínimo vigente. Recordó que el sector arrastra 15 años sin incrementos salariales, situación que el gremio considera insostenible en términos laborales y familiares. La huelga busca visibilizar esta brecha y presionar por una respuesta concreta del Congreso.
El reclamo incluye a actuarios, ujieres, dactilógrafos, oficiales de secretaría y personal administrativo, considerados esenciales para el funcionamiento cotidiano del sistema de justicia. De acuerdo con el sindicato, muchos de estos trabajadores perciben remuneraciones por debajo del mínimo legal.
La dirigente pidió el acompañamiento de los abogados y señaló que diversos gremios del ámbito jurídico ya manifestaron su apoyo al planteamiento de mejora salarial.
El proyecto de reajuste fue aprobado en la Cámara de Diputados y cuenta con el acompañamiento de ministros de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa apunta a corregir una marcada inequidad salarial que afecta a aproximadamente 11.000 funcionarios judiciales, cuyos haberes no se actualizan desde hace más de una década.
Para financiar la medida, se prevé la reasignación de recursos originalmente destinados a obras públicas, con un costo fiscal estimado en G. 32.000 millones a aplicarse durante el último trimestre de 2026.
Fuente: Judiciales.net
