Foto: RDN.
El Senado se prepara para un intenso debate sobre un proyecto de ley que busca establecer un régimen de protección al consumo interno de cortes populares de carne. La iniciativa, impulsada por el senador Ever Villalba (PLRA), tiene como meta fundamental asegurar precios accesibles y garantizar el “derecho a una alimentación adecuada” para la población.
La propuesta legislativa plantea que toda la cadena de producción y distribución de carne aplique un margen máximo de utilidad sobre los cortes populares específicos. Este mecanismo busca limitar la ganancia sectorial y, consecuentemente, asegurar valores más bajos en el mercado.
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Además, el proyecto faculta a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) para ejercer el control de este esquema de precios. También prevé una serie de incentivos fiscales, logísticos y comerciales dirigidos tanto a frigoríficos como a comercios, con especial enfoque en las zonas vulnerables del país.
Las comisiones de asesoría han emitido fuertes advertencias sobre la viabilidad del texto. Específicamente, la asesoría de la Comisión de Legislación, presidida por el senador Derlis Maidana (ANR, HC), alertó que la propuesta contraviene diversos principios constitucionales.
Entre las violaciones señaladas se encuentran la libre competencia, la libre exportación y la propiedad privada. Esto ocurre al imponerse un margen fijo de ganancia que podría afectar directamente la rentabilidad del sector cárnico.
Falta de soporte técnico y riesgo de desabastecimiento
El análisis de las comisiones también enfatiza que la propuesta carece de estudios técnicos y económicos que justifiquen el porcentaje de tope establecido. Un margen máximo de utilidad del 10% no contempla la estructura real de costos del sector productivo.
Según los asesores, esta medida podría tener efectos adversos e indeseados. Podría desalentar la producción, generar un eventual desabastecimiento en el mercado interno, reducir el stock ganadero nacional e incluso derivar en un aumento de precios por la escasez generada.
El texto legislativo también fue cuestionado por su imprecisión conceptual. La asesora de la Comisión de Legislación, Laura Gómez, indicó que la normativa no logra definir con la claridad necesaria lo que se entiende por la “cadena de distribución”.
Además, el proyecto no establece un mecanismo de control viable que SEDECO pueda ejecutar eficazmente. Por lo tanto, según las comisiones, esta falta de claridad conceptual hace que la normativa sea prácticamente inaplicable en la práctica.
La discusión en comisión elevó la tensión política. El empresario cárnico y senador Luis Pettengill (ANR, FR) se convirtió en uno de los críticos más acérrimos de la iniciativa.
Durante el estudio del proyecto en la reunión de la Comisión de Legislación, el pasado 18 de agosto, Pettengill lanzó duras declaraciones contra el proyectista, el senador Villalba. En un tono polémico, calificó la medida como un acto de ingenuidad política.
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El senador Pettengill sentenció: “Esto es una tilinguería, ojavy (se equivocó). Éste cree que está en Cuba o en Venezuela. Esto es una tilinguería”.
Finalmente, la votación en la comisión reflejó el profundo desacuerdo. Los senadores Luis Pettengill y Derlis Maidana, ambos de la ANR, votaron por el rechazo. El senador Eduardo Nakayama (independiente) se sumó al rechazo. Por su parte, el senador José Oviedo (Yo Creo) optó por abstenerse en la decisión.
Fuente: ABC Color
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