Audiencia. La preliminar para el exintendente Miguel Prieto y otros acusados inició esta mañana ante el juez Humberto Otazú. Foto: Gentileza.
La audiencia preliminar para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, inició este lunes ante el juez Humberto Otazú, dentro del proceso conocido como caso Tía Chela. La causa investiga un supuesto perjuicio patrimonial superior a G. 2.000 millones relacionado con la compra de alimentos durante la pandemia. En esta etapa, el Ministerio Público expone los fundamentos de la acusación y las defensas presentan incidentes y objeciones.
El fiscal Silvio Corbeta ratificó la acusación contra Prieto y los demás imputados. Según el Ministerio Público, existió un presunto negociado en la adquisición de kits de alimentos destinados a familias vulnerables. La operación habría generado un perjuicio a la Municipalidad de Ciudad del Este de G. 2.130.036.160. La Fiscalía señala hechos de lesión de confianza y asociación criminal como base de la imputación.
Unite al canal de RDN en Whatsapp
Además del exintendente, están procesados Francisco Arrúa por lesión de confianza y asociación criminal, mientras que Maggi Fariña, Sebastián Insfrán, José Cáceres, Julián Benítez, Higinio Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, Fermín Avalos y Emily Florentín enfrentan cargos por lesión de confianza en grado de complicidad y asociación criminal como coautores. Corbeta solicitó medidas cautelares para todos los involucrados, atendiendo a su comportamiento procesal durante la investigación.
En el caso de Prieto, la Fiscalía pidió al juez Otazú prohibirle acercarse a la Municipalidad de Ciudad del Este. El ex jefe comunal había sido destituido, y posteriormente se realizó la elección del nuevo intendente. Por su parte, las defensas cuestionaron la acusación e iniciaron la presentación de incidentes orientados a suspender o modificar el proceso.
Leé más: Miguel Prieto declara por supuesto caso de lesión de confianza
La audiencia había sido suspendida en varias ocasiones debido a recusaciones contra el juez Otazú. Las defensas alegan que el magistrado mantiene un vínculo de compadrazgo con Javier Zacarías Irún, descrito como el principal adversario político de Prieto. Sin embargo, el juzgado decidió continuar el proceso y dar trámite a los incidentes planteados por los abogados de los imputados.
Tras analizar cada planteamiento, el juez deberá decidir si la causa reúne las condiciones para elevarse a juicio oral. La resolución determinará si Prieto y los demás procesados enfrentarán una nueva etapa del proceso o si se dispondrá otra salida procesal. El caso Tía Chela continúa como uno de los expedientes más relevantes vinculados a supuestos hechos de corrupción durante la pandemia.
Fuente: ÚH
Esta web usa cookies.