Víctimas presentaron el escrito en Diputados. Foto: Rodrigo Villamayor
El reclamo volvió a la Cámara Baja con más fuerza. Las víctimas de la llamada mafia de los pagarés exigieron a los diputados tratar de inmediato el pedido de juicio político presentado hace casi tres semanas contra los nueve ministros de la Corte Suprema.
La Coordinadora de Víctimas solicitó al presidente de Diputados, Raúl Latorre, que el proyecto sea incluido sin demoras en el orden del día. En una nota remitida con nuevas firmas, las afectadas argumentaron que la discusión debe darse “sobre tablas” por su carácter humanitario y la cantidad de personas perjudicadas.
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Las firmantes —Teresa Pane, Zila Zárate y la docente Laura Duarte— insistieron en que los derechos vulnerados requieren una respuesta rápida y efectiva del Congreso.
El grupo formalizó su pedido a inicios de noviembre. Según explicaron, el juicio político busca responsabilizar a la Corte por una presunta omisión en la protección de las víctimas. Aseguran que los afectados llevan años enfrentando procesos judiciales irregulares ligados a pagarés falsos o manipulados.
Para la Coordinadora, el problema se agravó porque la Corte “no cumplió su rol de garantizar justicia”, pese a las reiteradas denuncias sobre fallos contradictorios y sumarios parciales.
Las denunciantes mencionaron dos causales principales: prevaricato y obstrucción a la Justicia. Sostienen que existe un patrón de decisiones que benefició a estructuras vinculadas a la emisión y ejecución abusiva de pagarés. Además, cuestionan que solo cinco jueces estén imputados y todos en Asunción, pese a que los casos abarcan ciudades del departamento Central y del Bajo Chaco.
La Coordinadora afirma que su objetivo es lograr medidas reales para proteger a miles de familias afectadas por la red de pagarés. Consideran que el Congreso debe intervenir ante lo que describen como un “vacío institucional” en la respuesta judicial.
El tratamiento de la solicitud sigue pendiente en Diputados. Las víctimas esperan que los legisladores den una señal clara sobre su disposición a enfrentar un conflicto que ya escaló al nivel más alto del sistema judicial.
Fuente: ÚH
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