Foto ilustrativa de un chofer de transporte público. Gustavo Machado
La Cámara de Diputados concluyó el análisis del proyecto de reforma del transporte público e incorporó una serie de cambios que responden a pedidos de municipios, empresas operadoras y algunos sectores laborales. El texto final incluye ajustes en subsidios, concesiones, servicio mínimo en paros y participación municipal. Tras las modificaciones, el proyecto retorna al Senado, que deberá decidir si mantiene su versión o adopta los cambios introducidos.
El dictamen de la Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada María Cristina Villalba, sirvió como base. Uno de los ejes centrales es el establecimiento de pagos quincenales de subsidios, previsto en el artículo 72, que fija un plazo máximo de 15 días para garantizar un flujo regular y previsible de recursos. El pleno también incorporó una duración mínima de siete años para los contratos de concesión, según el artículo 58, manteniendo un máximo de quince años.
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En materia laboral, el artículo 39 establece que en procesos de absorción o fusión de empresas deberán incorporarse todos los trabajadores con una antigüedad mínima de dos años. Este punto también elimina las evaluaciones obligatorias previstas inicialmente para conductores. Los gremios expresaron su desacuerdo con esta exigencia, así como con el artículo 20, que define al transporte como un servicio imprescindible y exige mantener el 60% de la flota en caso de paro.
Diputados agregó además disposiciones relacionadas con la participación municipal. El artículo 21 establece que la ampliación del área metropolitana deberá analizarse cada año y contará con la participación de los municipios afectados. El artículo 78 mantiene el cobro de tributos municipales por parte de las comunas. El artículo 109 incorpora a Cordillerita, Altos, Emboscada, Loma Grande, Atyrá, San Bernardino, Nueva Colombia, Tobatí y Caacupé dentro del área metropolitana.
En el plano administrativo, el artículo 79 crea la figura del encargo fiduciario como opción de gestión. El artículo 103 elimina el mínimo de 200 jornales de multa para permitir la clasificación de faltas leves. También se modificó el artículo 107, que reduce a dos años el plazo de prescripción del certificado de deuda. En paralelo, los artículos 113, 114, 116 y 121 fueron ajustados sin explicaciones detalladas durante la sesión.
Los gremios del transporte manifestaron su disconformidad con el proceso. Gerardo Giménez, presidente de Fetrat, cuestionó la falta de diálogo y afirmó que los trabajadores quedaron fuera del análisis de un proyecto que afecta a miles de empleados del sector. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la reforma busca ordenar el sistema y generar previsibilidad operativa. El Senado deberá ahora definir el rumbo final de la propuesta legislativa.
Fuente: ÚH
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