Foto: Jazmín Jara
La Fiscalía imputó a exdirectivos de la Cooperativa Luque Ltda. tras detectar indicios de un presunto desfalco que alcanzaría los 12.000 millones de guaraníes. La causa está a cargo de la agente fiscal Sophia Anatolia Galeano, quien abrió una investigación por lesión de confianza y estafa mediante sistemas informáticos. El caso se centra en presuntas irregularidades administrativas, financieras y contables dentro de la institución.
Según la resolución fiscal, la imputación afecta a integrantes del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia correspondientes a los periodos 2023 y 2024. Entre los miembros del Consejo figuran Edert Eduardo Falcón Orué, quien ocupó la presidencia, Roberto Osmar Pont Núñez como vicepresidente y Juan Arnaldo Moreira Gómez en el rol de tesorero. También fueron imputados Derlys Viveros, Elvira Martínez, Miguel Mancuello Ozuna, Diego Jesús Romero, Francisco Peralta y Javier Marecos.
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Por la Junta de Vigilancia, la imputación alcanzó a José Leguizamón, Carlos Ramón Da Silva, Luz Pamela Aquino, Crystel Traversi y Aníbal Miranda. La carpeta fiscal incluye documentos que, según la denuncia, revelan inconsistencias en los balances del ejercicio 2023. La denuncia fue presentada en septiembre por tres miembros del propio Consejo de Administración, quienes advirtieron movimientos financieros irregulares.
Como parte de la investigación, se incorporó un informe del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). El documento reporta la posible aprobación irregular de créditos por montos millonarios. Según el contenido del informe, algunos préstamos habrían sido concedidos a socios sin capacidad de pago y, en otros casos, a personas inexistentes. Estos elementos reforzaron la hipótesis de un desvío sistemático de fondos mediante operaciones no autorizadas.
La fiscalía sostiene que las irregularidades detectadas podrían configurar los hechos punibles de lesión de confianza, estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos. Los datos recabados hasta ahora apuntan a un posible esquema interno que habría utilizado el sistema informático para generar préstamos con fines indebidos. La investigación busca determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los imputados.
Las autoridades continúan reuniendo documentación contable y reportes financieros que permitan reconstruir el circuito de los fondos. El Ministerio Público analiza movimientos bancarios, aprobaciones de créditos y registros internos para precisar el alcance del presunto desfalco. Una vez concluida esta etapa, la Fiscalía definirá las medidas que correspondan para avanzar con el proceso penal.
Fuente: ABC Color
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