Rahmanullah Lakanwal / El Servicio Secreto de EE.UU. y la Policía Metropolitana responden al tiroteo cerca de la Casa Blanca, 26 de noviembre de 2025.
Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años y refugiado en Estados Unidos, fue detenido en Washington tras disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. El ataque se produjo el miércoles por la tarde, cerca de la estación de metro de Farragut West, a pocas cuadras de la Casa Blanca. Las autoridades lo acusan de posesión de arma de fuego y de tres cargos de agresión con intención de matar mientras estaba armado.
Según la reconstrucción oficial, Lakanwal condujo durante 42 horas desde Bellingham, en el estado de Washington, hasta la capital estadounidense. Recorrió cerca de 4.500 kilómetros con un revólver Smith & Wesson calibre 357 y seis balas en la recámara. Para los investigadores, el viaje respondió a un plan deliberado para ejecutar un ataque en una zona muy concurrida.
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El hecho ocurrió hacia las 14.15, en vísperas del Día de Acción de Gracias, cuando Washington estaba colmada de turistas y trabajadores federales. En la esquina de la calle 17 con la calle I, el sospechoso se encontró con un grupo de efectivos de la Guardia Nacional desplegados por orden de Donald Trump, en el marco de lo que el presidente denomina “emergencia criminal” en la capital. Lakanwal abrió fuego, hirió a un soldado que cayó al suelo, intentó rematarlo y luego disparó contra otro guardia antes de ser reducido tras un intercambio de tiros, en el que también resultó herido.
Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, son los dos voluntarios de la Guardia Nacional heridos en el ataque. Ambos permanecen hospitalizados en estado crítico, aunque ya pasaron por cirugías de urgencia. La fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, describió el hecho como “un ataque descarado y dirigido” y afirmó que “un pistolero solitario abrió fuego sin provocación, estilo emboscada”. El director del FBI, Kash Patel, señaló que se trata de “una investigación de terrorismo en curso”.
Las autoridades informaron que Lakanwal colaboró con la CIA durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán. El director de la agencia, John Ratcliffe, confirmó que el detenido trabajó con una unidad militar aliada en Kandahar, aunque no precisó funciones ni rango. Fuentes citadas por la prensa estadounidense señalan que habría integrado las llamadas Unidades Cero, fuerzas paramilitares del servicio de inteligencia afgano entrenadas para incursiones nocturnas contra presuntos objetivos talibanes y cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
Un amigo de la infancia del detenido declaró que Lakanwal arrastraba problemas de salud mental y traumas vinculados a las operaciones en las que participó en Afganistán. Según ese testimonio, también consumía marihuana con frecuencia y mostraba un comportamiento inestable, datos que ahora forman parte del contexto investigado por las autoridades.
Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021, tras la retirada de las tropas estadounidenses de Kabul. El Gobierno de Joe Biden había lanzado la Operación de Bienvenida a los Aliados, destinada a evacuar a afganos que colaboraron con el ejército y agencias estadounidenses. En ese marco, cerca de 76.000 afganos fueron trasladados con estatus humanitario. Casi un millar fueron enviados al condado de Whatcom, al noroeste del país, donde opera la organización World Relief, encargada de asistir a los recién llegados durante sus primeros 90 días.
La fiscal general Pam Bondi afirmó en una entrevista televisiva que el Departamento de Justicia pretende acusar a Lakanwal por delitos de terrorismo. Señaló que podría enfrentar una pena de cadena perpetua y que la calificación final dependerá de la evolución de las víctimas. Bondi adelantó la postura de la Fiscalía al subrayar: “Haremos todo lo posible para solicitar la pena de muerte”.
El director del FBI, Kash Patel, informó que agentes federales interrogaron a varios testigos y registraron distintas localizaciones tanto en Washington como en la Costa Oeste. Durante esos procedimientos se incautaron teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos. Todo ese material se encuentra bajo análisis para reconstruir contactos, motivaciones y eventuales apoyos logísticos.
Tras el ataque, Donald Trump compareció desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y responsabilizó a Joe Biden por la presencia de refugiados afganos en Estados Unidos. En un mensaje con fuerte carga xenófoba, exigió “volver a examinar a cada uno de los extranjeros que entraron” desde Afganistán. En su red social Truth, calificó a Lakanwal como “el animal que disparó a los dos guardias nacionales” y afirmó que “pagará un precio muy alto”.
Como respuesta inmediata, Trump ordenó el envío de 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional a Washington. La capital ya contaba con unos 2.300 efectivos desplegados desde el verano anterior, en virtud de una orden ejecutiva para enfrentar las supuestas altas tasas de criminalidad, pese a que los datos oficiales muestran niveles delictivos en su punto más bajo en 30 años. Los guardias también participan en redadas contra inmigrantes en la ciudad.
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El uso de la Guardia Nacional en centros urbanos gobernados por demócratas se ha convertido en un eje de disputa política a nivel nacional. Sectores opositores consideran que se trata de una herramienta de intimidación y de un uso abusivo del poder federal, ya que los soldados no tienen jurisdicción ordinaria en las ciudades. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, reiteró su rechazo al despliegue al señalar que “estos jóvenes deberían estar en casa, en Virginia Occidental, con sus familias”.
Días antes del ataque, la jueza federal Jia Cobb había dictaminado que la Administración Trump no podía mantener de forma indefinida el despliegue de la Guardia Nacional en la capital. La magistrada suspendió temporalmente su propio fallo durante tres semanas para permitir la retirada gradual de las tropas y la eventual apelación del Gobierno. Tras el tiroteo, el Ejecutivo pidió a Cobb que dejara sin efecto su decisión, lo que agrega una nueva capa de tensión institucional al caso.
Fuente: El País
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