Osvaldo Insfrán Vera.
Osvaldo Insfrán Vera, exujier del Juzgado de Paz de La Catedral, es investigado por la mafia de pagarés y enfrenta un exhaustivo control patrimonial. El funcionario, suspendido y acusado por su presunta participación, registró en 2023 un ingreso bruto de G. 855.477.718, a pesar de que su salario anual era de solo G. 28.178.909.
Según documentos de la Contraloría General de la República (CGR), Insfrán declaró que los G. 855 millones correspondían a “Cobertura de Gastos” vinculados a supuestas notificaciones en juicios de cobro de guaraníes. La CGR concluyó que no existe correspondencia clara entre los ingresos y egresos declarados.
Entre enero de 2023 y febrero de 2024, se detectó un aumento patrimonial de G. 92 millones. En ese lapso, el Impuesto a la Renta Personal (IRP) de Insfrán reportó ingresos brutos por G. 855.477.718 y egresos por G. 739.268.327, arrojando una utilidad de G. 116.209.391. El salario representa apenas el 3,3% del total declarado.
La Contraloría detalla que el resto de los ingresos proviene de cobros por “Cobertura de Gastos” de diligencias notificatorias. Aunque figuran como ingresos, no existen rendiciones ni constancias individualizadas en el expediente que permitan determinar la diferencia entre gastos reales y ganancia neta. Por lo tanto, el impacto económico efectivo de esa fuente no puede precisarse solo con los documentos presentados.
La CGR analizó cinco declaraciones juradas de Insfrán (2019-2024).
Entre septiembre de 2020 y enero de 2023, detectó un aumento patrimonial de G. 60 millones y una no sustentabilidad de G. 32.775.191.
Entre enero de 2023 y febrero de 2024, se confirma otro aumento patrimonial de G. 92 millones.
La Corte Suprema de Justicia informó que en 2023 el salario fue de G. 28.178.909. El resto proviene de la “Cobertura de Gastos” (Acordadas N.º 516/2008 y 1718/2023), que regula retribuciones por diligencias fuera de la sede. Sin embargo, el expediente carece de rendiciones que permitan calcular la ganancia real.
La CGR añade que parte de las diligencias que generaron esos ingresos están sometidas a investigación judicial y administrativa en el caso mafia de pagarés por presuntas irregularidades. El organismo aclara que no tiene competencia para juzgar la operatividad de las diligencias ni responsabilidades, lo cual corresponde a los órganos judiciales.
En paralelo al análisis patrimonial, el Ministerio Público examinó 83 expedientes incautados del Juzgado de Paz de La Catedral, a cargo del juez Gustavo Villalba. Los informes de Insfrán consignan que las citaciones de reconocimiento de firma y otras notificaciones fueron realizadas. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que dichas diligencias no se hicieron.
Informes de la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) y de la unidad de Cyber Crimen señalan que las notificaciones no fueron diligenciadas. Los registros contienen datos falsos y muestran patrones de conducta reiterados: mismas fechas, mismos horarios y lugares muy distantes, siempre con la misma empresa de cobranza como parte actora.
Las notificaciones atribuidas a Insfrán y al ujier Jorge Montiel muestran una imposibilidad material de realización, según Cyber Crimen.
El abogado Alejandro Valiente, en representación de Credisolución S.A.E.C.A., utilizó las notificaciones falsas en los 83 expedientes. La acusación indica que el abogado actuó con conocimiento de que las diligencias no se realizaron, buscando hacer avanzar los procesos civiles. Se detectaron grupos de 33 y 50 expedientes con notificaciones en ciudades diversas, consignadas en una misma fecha y horario, lo que resulta materialmente imposible para el ujier.
El informe de la DAIE describe el circuito:
El abogado promovía la acción.
El juez proveía.
El ujier notificaba, consignando informes falsos.
El abogado instaba.
El juez declaraba reconocidas las firmas y ordenaba llevar adelante los juicios ejecutivos.
Los informes del ujier seguían el mismo formato: llegaba al domicilio, no era recibido y adhería la cédula en el acceso principal. Esta descripción se repetía en los 83 casos. El rigor formal aparente no buscaba la comparecencia del deudor, sino cumplir la secuencia procesal para llegar a la etapa de embargos ejecutivos.
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La Acordada N.º 516/08 establece montos a percibir por diligencias según la distancia, compensando al ujier con mayores cobros por “Cobertura de Gastos” en ciudades alejadas. Se infiere que Insfrán no se trasladaba a esos lugares distantes y asentaba falsamente las diligencias, lo que le permitía mantenerse en el juzgado y acumular una gran cantidad de notificaciones facturadas.
Las notificaciones de 33 expedientes se consignaron como realizadas el 30 de julio de 2024, a las 15:00, en todos los domicilios.
Las de los 50 expedientes restantes se informaron como diligenciadas el 29 de agosto de 2024.
Estos datos, junto con el análisis patrimonial de la Contraloría, forman parte del caso mafia de pagarés que se revisa judicialmente.
Fuente: El Observador
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