Evaluación. Técnicos de Contraloría explican la labor desarrollada en los entes públicos. Gentileza
En una presentación ante la Comisión Bicameral, la Contraloría General de la República informó que entre 2019 y 2025 se detectaron 216 casos de hechos punibles. Estos expedientes representan aproximadamente USD 759 millones, equivalentes a unos G. 5,3 billones. Solo en lo que va de 2025, la institución reportó 28 casos adicionales, por un monto cercano a USD 16 millones, es decir, alrededor de G. 112.000 millones.
El informe y dictamen, a cargo de la entidad encabezada por Camilo Benítez, incluyó referencias generales al trabajo de la institución. Los técnicos de la Contraloría explicaron que los casos abarcan distintas instituciones y niveles de la administración pública. Además, precisaron que las denuncias fueron remitidas a las instancias competentes conforme avanzaron las auditorías y verificaciones.
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Entre los casos más relevantes, la Contraloría destacó los vinculados al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuyo reporte fue remitido íntegramente al Ministerio Público. También se mencionó la situación de Copaco. Según expuso Benítez, la empresa llegó a tener acciones valoradas en G. 79.000 millones, pero hoy su valor es cero. El contralor insistió en que resulta clave determinar por qué esos títulos perdieron totalmente su valor.
El informe incorporó además observaciones sobre la Municipalidad de Los Laureles, debido a cheques emitidos a nombre de funcionarios y a construcciones realizadas en terrenos privados. En el caso del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), los técnicos mencionaron irregularidades en la rendición de cuentas y transferencias dirigidas a comunidades indígenas con problemas de documentación respaldatoria.
A estos antecedentes se suman las observaciones a la Municipalidad de Isla Umbú, donde se detectaron cheques liberados a nombre de la tesorera de la Comuna, y no de acreedores. La Contraloría señaló igualmente al Instituto de Previsión Social (IPS) por pagos efectuados a jubilados fallecidos. Ante la falta de acciones suficientes luego de los pedidos de informes al IPS, el caso fue remitido al Ministerio Público, según manifestó Benítez.
Uno de los técnicos expuso la preocupación institucional por la gestión de la seguridad de la información en el sector público. Indicó que el mayor riesgo se concentra en las municipalidades y en la mayoría de los entes pequeños del Estado. En estos organismos, señaló, los presupuestos no reflejan inversiones significativas en tecnología, lo que incrementa la vulnerabilidad de los sistemas.
La Contraloría recordó que cuenta con un Plan General de Auditoría y protocolos para las intervenciones. En el IPS, actualmente se encuentran desplegados siete equipos de auditoría. No obstante, se indicó que en esa entidad no se contempla auditoría financiera o de cumplimiento. En contraste, en Petropar sí se realizan auditorías financieras, mientras que en la ANDE se desarrollan fiscalizaciones especiales inmediatas.
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Otro caso que llamó la atención fue el de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis). En este ente se detectó la falta de control en la entrega de medicamentos controlados. La Contraloría requirió informes a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que advirtió que esa situación puede generar un grave riesgo de adicción en jóvenes.
En relación con la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas vialeras, Benítez señaló que en años anteriores se realizaron licitaciones sin contar con el presupuesto correspondiente. Sin mencionar directamente al gobierno de turno en ese periodo, aludió a llamados sin aprobación del Congreso, lo que produjo un descalce en la ejecución presupuestaria. Las empresas iniciaban las obras, no cobraban y se endeudaban en el sistema financiero, acumulando intereses y ampliando la actual deuda con el sector vial.
Fuente: Última Hora
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