Rodrigo Nicora, ministro de Justicia. Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay
Una empresa vinculada a un ciudadano peruano con antecedentes penales aparece nuevamente en el centro de una licitación estatal. Se trata de Renfe SA, que busca adjudicarse un contrato del Ministerio de Justicia para la compra y montaje de ascensores. El llamado corresponde al edificio del ex Registro Civil y está valuado en G. 700 millones.
El caso generó atención luego de conocerse documentos que relacionan a Renfe SA con el peruano Rafael Eduardo González. Sobre este hombre pesa una orden de captura internacional por diversos hechos punibles. Las denuncias señalan, entre otros puntos, la no prestación de los servicios que ofrecía a sus clientes.
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Formalmente, la empresa figura a nombre de Andrea Carolina Aranda Duarte, modelo conocida como Andy Duarte en redes sociales. Sin embargo, el ciudadano peruano continúa actuando como representante de la firma. La relación entre ambos se describe como de pareja, lo que refuerza el vínculo del procesado con la compañía que hoy compite por el contrato en Justicia.
De acuerdo con fuentes internas, existiría una orden del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, para avanzar con la adjudicación a favor de Renfe SA. La instrucción se mantendría pese a las advertencias sobre los antecedentes de González. El proceso esta actualmente suspendido por impugnación presentada por Renfe SA, tras ganar la convocatoria el proveedor Gustavo Adolfo Gallardo Pérez.
Los antecedentes señalan que González acumuló varias denuncias por falsificación de documentos utilizados para obtener créditos a nombre de terceros. Este esquema le habría permitido defraudar a entidades financieras que otorgaban los préstamos. También afectó a las personas cuyas identidades eran empleadas sin consentimiento para estas operaciones.
Renfe SA ya había sido observada por la presentación de ofertas con facturas y otros documentos falsos. Esa práctica quedó registrada en al menos cuatro informes de evaluación de ofertas de diferentes entes públicos. Pese a ello, la firma siguió participando en concursos estatales y mantuvo su acceso al circuito de contrataciones.
Incluso después de revelarse estas irregularidades, Renfe SA fue adjudicada con varias licitaciones. Ninguna de estas adjudicaciones registró objeciones de la DNCP.
De forma paralela, empresas del rubro comenzaron a denunciar ante Contrataciones Públicas, desde febrero de este año, el uso de documentación falsa para ganar licitaciones, sin embargo, la DNCP hizo caso omiso y la firma consiguió hasta julio nuevos contratos por G. 840 millones.
En agosto, las maniobras irregulares llegaron a los medios de prensa. Pese a la exposición pública, la firma siguió acumulando adjudicaciones. Contrataciones Públicas confirmó que, tras las publicaciones periodísticas, Renfe SA ganó más licitaciones y sumó otros G. 240 millones en contratos.
Solamente el mes pasado la SINAFOCAL le adjudicó una licitación por el monto de G. 534.116.667 por adquisión e instalación de ascensores que está pendiente de pago.
En total, en un lapso de ocho años, la empresa reunió al menos 15 contratos con instituciones del Estado. El monto global ronda los G. 3.200 millones.
Entre las entidades que hicieron negocios con Renfe SA se encuentran la Universidad Nacional de Asunción, el Congreso, los ministerios de Salud y Defensa, el MUHV y varias municipalidades, consolidando la presencia de la firma en distintas áreas de la administración pública.
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