Imágenes de una de las protestas de víctimas de la "mafia de los pagarés", frente a la Corte Suprema de Justicia.
El segundo avance del trabajo de la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés reveló datos numéricos sobre las víctimas. El senador Rafael Filizzola, miembro de la Comisión, confirmó que siete de cada diez víctimas de la mafia de pagarés son mujeres. La mayoría de ellas son docentes y oriundas del interior del país.
Las víctimas atendidas por la Comisión superan las 5.000 personas. El 87% de las personas demandadas residen en el interior del país.
El esquema criminal se caracteriza por la centralización de los juicios. El 70% de los juicios se encuentran en los Juzgados de Paz de Asunción, a pesar de que la mayoría de los demandados reside en el interior. El senador Filizzola destacó que esto dificulta la defensa de las personas.
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Esta centralización refleja el esquema criminal de falsificación de notificaciones (denominadas “notificaciones voladoras”). Los embargos de salarios llegan a más de 333 mil juicios, equivalentes a G. 2,2 billones. Cinco juzgados de la capital concentran el 82% de los juicios y el 66% de los montos embargados.
Filizzola reveló el modus operandi del esquema que generó las “deudas perpetuas”. Los miembros de la mafia actuaron de la siguiente manera:
Múltiples documentos por un préstamo: Las víctimas firmaban múltiples documentos incompletos por un mismo préstamo o venta de electrodomésticos, multiplicando ilegalmente la deuda.
Ejecución y embargo: Los pagarés nunca eran devueltos pese al pago total. Los prestamistas reclamaban el mismo pago reiteradamente.
Abuso judicial: Las demandas se instalaban en juzgados distantes sin notificación. Existía abuso en liquidaciones e intereses, y los pagarés seguían circulando para nuevas extorsiones.
La implicancia del Estado como “agencia de cobranza”
El esquema afectó principalmente a docentes del Ministerio de Educación y funcionarios del Ministerio de Salud. El esquema de recaudación se extendió a Clínicas, IPS y otras 51 instituciones más. El senador Filizzola concluyó que el esquema operó siempre con descuentos salariales sin control, con documentos incompletos e incluso con expedientes judiciales incompletos.
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El problema central es la falta de verificación documental. Esto permitió descuentos mes a mes con una simple planilla. El BNF (Banco Nacional de Fomento) se involucró en la gestión financiera, incluso a través de Walton Capital SA, una entidad no autorizada.
Falencias en el control institucional
La Comisión documentó falencias sistémicas en las instituciones públicas. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones y las Giradurías Institucionales fueron señaladas por fallas de control y documentación. Los formularios de autorización de descuento estaban incompletos, carecían de fechas o firmas. Además, se negaba la revocación de descuentos autorizados.
El BNF también se encontró con autorizaciones de débito incompletas y realizaba descuentos a favor de entidades no autorizadas. La inoperatividad de estas instituciones convierte al Estado en una “agencia de cobranza” para la mafia.
Fuente: ABC Color
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