Víctimas de la mafia de los pagarés en la marcha hasta el Congreso Nacional. Foto: Rodrigo Villamayor.
Cientos de personas afectadas por la denominada mafia de los pagarés se movilizaron este jueves en Asunción para exigir justicia y reclamar la restitución íntegra de sus salarios. Durante la jornada denunciaron que continúan los descuentos compulsivos aplicados por decisiones judiciales cuestionadas. Según los manifestantes, miles de trabajadores siguen perdiendo gran parte de sus ingresos debido a embargos considerados irregulares.
La marcha inició alrededor de las 10:00 en la Plaza de la Democracia y avanzó hacia la Fiscalía de la sede de Nuestra Señora de la Asunción. Luego se desplazó hasta las inmediaciones del Congreso Nacional, donde una barrera policial impidió el acceso directo al edificio. En cada tramo, los participantes expusieron casos de personas que reciben solo una mínima fracción de su salario mensual, situación que compromete el sustento de sus familias.
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Durante el recorrido, numerosas víctimas relataron pérdidas económicas severas. Un caso mencionado indicó que una deuda inicial de G. 5 millones terminó convertida en un pago superior a G. 100 millones. Las denuncias apuntaron a que, en muchos expedientes, los trabajadores son despojados hasta del 80% de sus ingresos, lo que los obliga a subsistir con el 20% restante. Para los manifestantes, este esquema refleja un patrón sistemático que requiere una intervención urgente de las instituciones.
Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora de Víctimas, señaló que la movilización busca visibilizar el rechazo ciudadano al funcionamiento de la estructura criminal. Insistió en que el Congreso debe acelerar el estudio de la Ley de Emergencia Judicial y el juicio político a nueve ministros de la Corte. También afirmó que las autoridades deben definir si representan a la ciudadanía o si continúan respaldando prácticas que, según indicó, favorecen a la mafia de los pagarés.
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El abogado Jorge Rolón Luna recordó que esta red opera desde hace años en distintos sectores. Explicó que el esquema tiene vínculos en ámbitos privados, gremiales y estatales, incluidos el Poder Judicial y espacios de representación política. Indicó además que la Justicia debería levantar los embargos con la misma rapidez con la que se ejecutaron, ya que miles de personas siguen recibiendo descuentos ilegales todos los días.
Rolón Luna añadió que el salario constituye un derecho esencial ligado a necesidades básicas como la alimentación, la salud y la vivienda. Por ello pidió respuestas inmediatas para evitar que más familias queden sin recursos. Finalmente, sostuvo que existen intereses de alto nivel involucrados en la red de pagarés, un hecho que, según afirmó, es conocido públicamente y no ha sido desmentido por las autoridades.
Fuente: ÚH
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