Gianina García Troche, procesada por presunto lavado de dinero. Gentileza
La defensa de la uruguaya Gianina García Troche, procesada en el caso A Ultranza Py, pidió su libertad inmediata al alegar un “error judicial” en el tratamiento de un incidente clave. Los abogados Hugo Núñez y Daniel Garcete sostienen que la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, no resolvió en plazo un pedido de cambio de calificación y revocatoria de la prisión preventiva presentado en septiembre.
El planteamiento se basa en la figura de la resolución ficta prevista en el artículo 141 del Código Procesal Penal. Ese artículo establece que, cuando se solicita la revisión de una medida cautelar privativa de libertad y el juzgado no resuelve en los plazos fijados en la ley, el imputado puede urgir pronto despacho.
Si en 24 horas no se dicta resolución, se entiende concedida la libertad y el juez siguiente en turno debe ordenar la excarcelación, sin perjuicio de que luego pueda pedirse una nueva medida por parte del Ministerio Público o el querellante.
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De acuerdo con el escrito presentado por la defensa, el 11 de septiembre de 2025 se promovió un incidente de “revocatoria del auto de prisión e incidente de cambio de calificación”, solicitando además que la medida sea sustituida por arresto domiciliario. El 12 de septiembre, la jueza Rosarito Montanía fijó fecha para una audiencia de revisión de medidas cautelares, como paso previo a resolver el planteamiento de la defensa.
Sin embargo, ese mismo día la propia defensa desistió de la audiencia de revisión, por lo que el juzgado dejó sin efecto la diligencia bajo nota de incomparecencia. Pese a ello, los abogados volvieron a insistir con un pedido expreso de que se dé trámite al incidente de revocatoria del auto que dispuso la prisión preventiva y al cambio de calificación de hechos atribuidos.
El 15 de septiembre, el juzgado proveyó el escrito incidental, dio curso al pedido de revocatoria y remitió las actuaciones al Ministerio Público para que dictamine dentro del plazo legal. La Fiscalía respondió el 18 de septiembre y planteó el rechazo del incidente.
Luego, el 21 de septiembre, la defensa reiteró su solicitud en carácter de urgimiento, insistiendo en el cambio de calificación y en la sustitución de la prisión preventiva, sin que hasta hoy, según los abogados, exista resolución de fondo.
El nuevo pedido de libertad por resolución ficta fue presentado ante el juzgado penal de garantías especializado en Crimen Organizado a cargo de la jueza Lici Teresita Sánchez, actualmente interinada por el magistrado Osmar Legal. Este pidió informes al juzgado de Rosarito Montanía, que sigue tramitando la causa principal contra García Troche por presunto lavado de dinero en el marco del caso A Ultranza Py.
La procesada es pareja de Sebastián Marset, requerido por las justicias de Paraguay, Bolivia y Estados Unidos.
En cuanto al desarrollo del proceso, García Troche fue imputada el 22 de febrero de 2022. Posteriormente se declaró su rebeldía y se suspendieron los plazos hasta el 20 de mayo de 2025, cuando finalmente fue puesta a disposición de la justicia paraguaya. Su detención se produjo en España el 17 de julio de 2024, luego de ser expulsada de Dubái, y tras los trámites de rigor se concretó su extradición a Paraguay.
El Ministerio Público sostiene que la uruguaya habría constituido una sociedad para asegurar el disfrute de ganancias generadas por el tráfico internacional de drogas. También la investiga por la apertura de una cuenta destinada a facilitar la circulación de dinero ilícito dentro del sistema financiero, como parte de la estructura económica de A Ultranza Py.
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En noviembre de 2023 se confirmó que la notificación roja de Interpol que pesaba sobre García Troche fue eliminada temporalmente por agentes de la Policía Nacional de Paraguay. Esa situación le habría permitido desplazarse durante un periodo breve sin quedar retenida por los controles de cooperación internacional, hasta que la alerta fue restablecida.
Fuente: ABC Color
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