La intendenta Carolina Aranda.
La Contraloría General de la República puso bajo la lupa la gestión de la intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, tras detectar indicios de desvío de fondos mediante comisiones vecinales. El informe surge a partir de pedidos de datos sobre el uso de recursos municipales, en especial los destinados a organizaciones sin fines de lucro y comisiones de vecinos.
Según la documentación a la que se tuvo acceso, las comisiones serían utilizadas para canalizar dinero de la Municipalidad sin que existan obras o servicios claramente verificados en favor de la comunidad. La preocupación se centra en la falta de respaldo documental y en pagos que no detallan el destino final de los montos transferidos.
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Uno de los nombres clave que aparece en los documentos es el de Melania Bogado, presidenta de la Comisión Pro-Festejos de Eventos Sociales y Culturales de Mariano Roque Alonso. Ella figura como responsable de gestionar aportes municipales a nombre de la organización y es mencionada como presunta prestanombre y operadora política del entorno de la intendenta.
De acuerdo con una nota remitida en julio, la comisión Pro-Festejos solicitó apoyo de la Municipalidad para el financiamiento de los festejos fundacionales de la ciudad. El evento tuvo un costo total de G. 480 millones, de los cuales G. 300 millones fueron cubiertos con recursos de la administración de Aranda. Este esquema es presentado como un modelo que se repetiría para la financiación de festividades y de supuestas obras que no se concretan.
Otro documento detalla que Bogado recibió G. 250 millones en agosto de 2022, mediante una transferencia desde una cuenta de la Municipalidad en un banco local. En esa operación no se especifica el motivo del desembolso ni se adjuntan informes que expliquen el uso de los fondos, lo que refuerza las dudas sobre la trazabilidad del dinero.
La Contraloría General de la República remitió varios pedidos de informes a la Municipalidad de Mariano Roque Alonso. El objetivo fue aclarar el destino de los recursos otorgados a obras y donaciones, en particular los dirigidos a comisiones vecinales. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes, la institución no recibió respuestas formales a estos requerimientos.
El listado de operaciones incluye otros desembolsos a la Comisión Pro-Festejos por G. 150 millones y G. 100 millones en 2024, también sin documentos que detallen el empleo de los recursos. Un pedido de informes adicional resume órdenes de pago entre 2017 y 2024 por montos que, sumados, superan ampliamente los G. 1.300 millones.
En esos registros aparecen numerosas transferencias sin respaldo suficiente, como pagos de G. 250 millones en 2022, 2023 y 2024. También se consignan operaciones de 2019 por G. 226,8 millones, G. 77 millones y G. 23,2 millones. A esto se agregan desembolsos de 2018 que van desde G. 21 millones hasta G. 40,3 millones, además de una orden de pago de G. 130,5 millones en 2017.
En abril de este año, Aranda ya había sido denunciada por una licitación de la Municipalidad a favor de una estación de servicio de su propiedad, por G. 2.000 millones. Estas y otras situaciones motivaron críticas públicas de sectores del Partido Colorado y de grupos internos del propio Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
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En este escenario, la jefa comunal impulsa la candidatura de su esposo, el diputado Marcelo Salinas, con miras a las elecciones municipales de 2026. La intención es que el municipio continúe bajo la conducción de la familia y del PLRA en el próximo periodo.
De acuerdo con las lecturas políticas señaladas en los documentos, si el Partido Colorado se impone en esas elecciones, las denuncias sobre el uso de fondos municipales podrían derivar en procesos ante el Ministerio Público. Ese eventual traslado de los casos a la Fiscalía es presentado como un escenario que el entorno de Aranda busca evitar.
Fuente: La Política Online
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