El juez Osmar Legal resolvió mantener la prisión de Gianina García Troche, procesada en el caso A Ultranza. El magistrado rechazó el pedido de libertad presentado por su defensa bajo el argumento de “resolución ficta”. Según señaló, la solicitud no cumplió con los requisitos procesales y tampoco puede atribuirse inactividad a la jueza Rosarito Montanía, responsable natural del expediente.
La decisión fue emitida mediante el AI N.° 256, dictado por Legal, quien interina a la jueza Lici Sánchez. El pedido había sido planteado por los abogados Hugo Núñez y Daniel Garcete. Ambos representan a García, vinculada al caso por presunto lavado de dinero. La defensa argumentó que el juzgado de Montanía no resolvió un incidente relacionado con la calificación penal y la revocatoria de prisión, lo que habilitaría la aplicación del artículo 141 del Código Procesal Penal.
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Sin embargo, el juez sostuvo que el artículo citado no es un mecanismo autónomo para obtener la libertad. Indicó que la norma funciona como sanción ante una omisión judicial en un trámite pendiente, lo que no se configura en este expediente. Además, añadió que la propia defensa había desistido de la audiencia de revisión de medidas, lo que interrumpió el procedimiento causado por un pedido anterior. Por lo tanto, no existió urgimiento previo ni mora judicial que respalde la solicitud.
El caso registra varios escritos. El 11 de septiembre de 2025, la defensa solicitó la revocatoria de prisión y un cambio de calificación penal, junto con el pedido de arresto domiciliario. La jueza Montanía fijó audiencia al día siguiente. Sin embargo, la defensa desistió de la diligencia, lo que llevó al juzgado a suspenderla. Aun así, los abogados volvieron a pedir trámite sobre los incidentes planteados. El juzgado otorgó traslado al Ministerio Público y la Fiscalía contestó el 18 de septiembre. Días después, la defensa reiteró el urgimiento. Según sus representantes, ese pedido aún no fue resuelto.
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La imputación contra Gianina García se remonta a febrero de 2022, dentro de la investigación A Ultranza Py. El Ministerio Público la vincula a la creación de estructuras destinadas a manejar ganancias del tráfico internacional de drogas y a la apertura de cuentas para introducir dinero ilícito en el sistema financiero. Tras declararse su rebeldía, los plazos quedaron suspendidos hasta mayo de 2025, cuando fue extraditada desde España.
La procesada llegó al país luego de quedar detenida en julio de 2024 en territorio español, tras ser expulsada de Dubái. La Audiencia Nacional autorizó su entrega a Paraguay el 25 de abril, luego de rechazar su pedido de asilo. El caso también registró un episodio en 2023, cuando su notificación roja fue eliminada temporalmente por agentes policiales, lo que permitió que se desplazara sin restricciones por un breve tiempo.
Fuente: ABC Color
