Reunión secreta de ministros de la Corte con Peña y Cartes

Seis ministros de la Corte se reunieron de forma reservada con el presidente de la República, Santiago Peña, y con el titular de la ANR, Horacio Cartes, en Mburuvicha Róga. El encuentro, realizado el miércoles pasado, incluyó al presidente de la Corte, César Diesel, a la vice primera, Carolina Llanes, al vice segundo y titular del Jurado de Enjuiciamiento, César Garay, y a los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón.

Según fuentes citadas, la reunión se extendió por alrededor de una hora y contó también con la presencia del asesor político de Peña, José Alberto Alderete. Participó además el abogado Eduardo González, identificado como operador del Partido Colorado y del movimiento Honor Colorado en el Poder Judicial. La convocatoria se manejó con estricta reserva, lo que refuerza las sospechas sobre el contenido y el alcance político del encuentro.

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Apenas concluida la sesión ordinaria de la Corte, los ministros abandonaron el Palacio de Justicia de Asunción en las camionetas institucionales. Se desplazaron hacia Mburuvicha Róga y, de acuerdo con las versiones, llegaron casi al mismo tiempo. El esquema buscó evitar exposición pública y cualquier rastro visible que permitiera reconstruir la hoja de ruta de la reunión.

Opinión del Abogado Manuel Riera: 

El propósito central era mantener en secreto la conversación con Peña y Cartes para esquivar especulaciones. Las fuentes sostienen que, en realidad, lo que se intentó impedir fue que se evidencie un posible sometimiento de la máxima instancia judicial al poder político. Sin embargo, la información se filtró, incluso en lo relativo a los temas específicos tratados con el titular del Ejecutivo y el presidente del Partido Colorado.

Temas abordados

Uno de los puntos abordados fue el esquema conocido como mafia de los pagarés y el pedido de juicio político a los nueve ministros de la Corte. El reclamo se funda en la inacción del alto tribunal ante las víctimas de este entramado, que por años operó en los Juzgados de Paz de la Capital. Una fuente señaló que el juicio político se mencionó solo de manera general, mientras otras versiones afirman que se habría transmitido a los ministros que la solicitud “no va a correr” en la Cámara de Diputados, pese a las señales de respaldo al enjuiciamiento desde el Senado.

Otro tema discutido fue el proyecto que modifica la ley de rotación de superintendencias en las circunscripciones judiciales. La normativa obliga a cambiar cada dos años a los ministros a cargo de la superintendencia en cada jurisdicción. De acuerdo con las fuentes, este punto preocupa especialmente a varios miembros de la Corte, que llevan largo tiempo ejerciendo el control administrativo en las mismas circunscripciones.

Iniciativa de Peña y faltazo de Santander

Las filtraciones también señalan que la reunión fue convocada por iniciativa del propio presidente Peña. El mandatario habría buscado conocer de primera mano la posición de los ministros sobre estos y otros asuntos sensibles para la agenda política y judicial. El formato reservado del encuentro refuerza la lectura de que se trató de un diálogo político de alto nivel con fuerte impacto institucional.

El ministro Gustavo Santander también fue invitado a la cita. Aceptó la convocatoria del presidente, pero a último momento se excusó, alegando “problemas familiares”. En contraste, los ministros liberales Víctor Ríos Ojeda y Manuel Ramírez Candia no fueron convocados, lo que, según las fuentes, confirma que la lista de asistentes se concentró en perfiles afines al Partido Colorado.

La realización de una reunión secreta entre ministros de la Corte y el poder político en Mburuvicha Róga alimenta múltiples presunciones. Para amplios sectores ciudadanos, este tipo de episodios puede interpretarse como un indicio de grosero sometimiento del máximo tribunal al poder de turno. La opacidad sobre el contenido real de las conversaciones profundiza las dudas sobre la independencia judicial y el equilibrio entre los poderes del Estado.

Fuente: El Observador

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