Francisco Ruiz Díaz, titular del Indert.
La crisis interna en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se profundiza tras la pérdida de respaldo político a su titular, Francisco Ruiz Díaz. Desde el Congreso señalan que el funcionario tendría las horas contadas en el cargo, mientras el presidente Santiago Peña analiza frenar los procesos de adjudicación y titulación de tierras en medio de fuertes cuestionamientos.
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Los senadores de la bancada de Honor Colorado habrían retirado su apoyo a Ruiz Díaz. Legisladores oficialistas pidieron al mandatario acelerar su salida, ante la creciente tensión en el campo por amenazas de tomas y por el escándalo en torno a supuestas ventas irregulares de propiedades en la zona del Corredor Bioceánico, en el Chaco paraguayo.
La situación derivó en la comparecencia de Ruiz Díaz ante la mesa directiva del Senado. En esa instancia fue duramente interpelado por parlamentarios de la oposición, entre ellos Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), y Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional. Los senadores oficialistas siguieron la exposición, pero ofrecieron escaso respaldo al titular del Indert durante la reunión.
El comportamiento del funcionario terminó sumando más dudas. Su defensa fue considerada débil, limitada a la presentación de una hoja escrita a mano. Posteriormente anunció que revelaría una “bomba” en una conferencia de prensa que finalmente no se realizó. En paralelo, Peña dejó entrever que la situación en el Indert no era satisfactoria, lo que reforzó las versiones sobre su posible remoción.
Desde Caacupé, el presidente impulsó la idea de detener los procesos de adjudicación y titulación de tierras. Estas gestiones habían sido presentadas por Ruiz Díaz como un “récord” de más de nueve mil concesiones en menos de dos años. Sin embargo, las cifras expuestas no resultaron ser reales, lo que generó malestar dentro del propio Poder Ejecutivo y debilitó aún más la posición del titular del ente.
Peña afirmó que es posible suspender estos procesos, alegando deficiencias en el estatuto del organismo. Señaló, no obstante, que el Gobierno debe continuar atendiendo a las comunidades indígenas que siguen a la espera de respuestas. Mientras tanto, ningún senador estaría atendiendo las llamadas de Ruiz Díaz y en la Cámara Alta solo aguardan el viaje del presidente al exterior para que el vicepresidente Pedro Alliana pueda avanzar en su destitución. La bancada oficialista incluso pidió postergar su interpelación, bajo el argumento de que el cambio de autoridades en el Indert es inminente.
Tanto funcionarios como congresistas coinciden en que la gestión de Ruiz Díaz se caracterizó por una baja efectividad en la titulación de tierras y en la atención a los sectores campesinos. Los grupos de “sin tierras” amenazan con nuevas invasiones y se menciona el respaldo de referentes de la Iglesia Católica, lo que genera preocupación en el Gobierno ante la posibilidad de una escalada de conflictos en zonas rurales.
Las principales crisis pasan por la falta de adjudicación de tierras a través de mensuras judiciales. Cientos de expedientes permanecen pendientes de resolución en el gabinete del Indert. Fuentes del organismo señalan que el titular visita su despacho apenas una vez al mes, lo que alimenta reclamos sobre la falta de gestión y seguimiento de los casos acumulados.
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Otro foco de tensión se concentra en las propiedades administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que deberían ser transferidas al Estado. Estas tierras son reclamadas por agrupaciones de “sin tierras” lideradas por el dirigente campesino Elvio Benítez, con larga trayectoria en la organización de movilizaciones rurales.
Entre las propiedades más codiciadas se encuentra Lucipar, la estancia modelo del narcotraficante conocido como “Cabeza Branca”, con unas 11.000 hectáreas. La Comisión Sin Tierra del Norte busca que estos terrenos sean entregados mediante una donación estatal. A ello se suma una gran cantidad de solicitudes de comisiones vecinales que procuran acceder a inmuebles fiscales a través de mensuras judiciales. Uno de los casos citados es el de comunidades asentadas actualmente en la ribera de Chaco’i, que también esperan definiciones sobre su situación territorial.
Fuente: La Política Online
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