Santiago Moratorio, abogado defensor de Sebastián Marset.
El abogado penalista uruguayo Santiago Moratorio Linares llegó a Paraguay en la noche del último lunes para asumir la defensa de Gianina García Troche, ex pareja del narcotraficante Sebastián Marset. Su presencia apunta a reforzar la estrategia jurídica ante lo que califica como un proceso arbitrario y sin garantías.
Según el profesional, Gianina García Troche está sometida a un trámite penal donde no se respeta el debido proceso y donde, además, se arriesga algo “muchísimo más grave”: su integridad física y su salud. Moratorio sostiene que la respuesta estatal no solo es desproporcionada, sino también contraria a las reglas básicas del sistema de justicia.
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El abogado recordó que, desde hace tres meses, la defensa viene solicitando que la procesada sea atendida por médicos especialistas en Paraguay. García se encuentra recluida en la cárcel militar de Viñas Cué y, de acuerdo con los reclamos, presenta convulsiones y moretones en todo el cuerpo. Para Moratorio, se trata de una “realidad crítica y lamentable” que no ha recibido una respuesta adecuada.
Moratorio Linares señaló que el equipo defensor pidió expresamente la intervención de neurólogos y profesionales idóneos, en hospitales con equipos suficientes para realizar estudios de complejidad. “Necesitábamos explicaciones de gente idónea, capacitada”, sostuvo, al cuestionar la ausencia de exámenes concluyentes sobre el cuadro de salud de García Troche.
El abogado recordó que, en julio pasado, ya se habían hecho públicas imágenes de hematomas que la defensa atribuye a enfermedades sensibles no atendidas. A pesar de esas señales, afirma que la situación no cambió de fondo. Para él, los pedidos médicos siguen sin respuesta efectiva, mientras continúan las convulsiones y el deterioro físico denunciado.
De acuerdo con su relato, Gianina García Troche sigue en la cárcel de Viñas Cué sin haberse realizado todos los estudios que corresponderían a su condición. La defensa propuso incluso un médico particular de confianza de la familia, pero esa alternativa fue rechazada. En paralelo, la procesada debe enfrentar una sanción que le impide recibir visitas familiares por un tiempo determinado.
Esa sanción fue resuelta por el Juzgado de Crimen Organizado, a cargo de la jueza Rosarito Montanía, luego de la destrucción de cámaras de seguridad en el penal militar. Moratorio cuestionó que, “porque no daba más y por algún altercado”, la jueza haya intervenido con cinco días sin visitas. Según el abogado, en materia disciplinaria quien debe sancionar es el Ministerio de Justicia o la dirección penitenciaria, no el órgano jurisdiccional.
En el plano doctrinario, Moratorio Linares afirmó que el caso refleja la aplicación del llamado “derecho penal del enemigo”, formulado por Günther Jakobs. Esta teoría describe un tratamiento en el cual el Estado deja de ver a ciertas personas como ciudadanos con derechos y pasa a considerarlas enemigos que representan una amenaza.
El abogado sostuvo que, en este caso, “se equivocaron de enemigo”, porque esa lógica punitiva se estaría aplicando a la ex pareja de Marset. A su criterio, se criminaliza a García Troche “por el vínculo”: por haber sido “la mujer de” un prófugo y por tener cuatro hijos con él. La crítica se dirige a una práctica que, según la defensa, prioriza quién es la persona antes que lo que supuestamente hizo.
Gianina García Troche está imputada por lavado de activos provenientes del narcotráfico en el marco del operativo A Ultranza Py, iniciado en 2022 y considerado el mayor golpe contra el crimen organizado en Paraguay. La Fiscalía sostiene que integraría la estructura criminal internacional liderada por Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y que operaba al servicio de su esposo, el prófugo Sebastián Marset.
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En el plano internacional, el Gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta USD 2 millones por información que conduzca al arresto o condena de Marset. Ese contexto refuerza el interés global en la causa y rodea de presión las decisiones adoptadas sobre su entorno más cercano, incluida la situación procesal de García Troche.
La semana pasada, la defensa de Gianina García solicitó su libertad inmediata. El planteo se basa en el artículo 141 del Código Procesal Penal, que establece que, si el juez no resuelve la revisión de una medida cautelar privativa de libertad dentro de los plazos, y el imputado urge decisión, la libertad se entiende concedida tras 24 horas sin resolución. Con ese argumento, los abogados sostienen que corresponde la excarcelación de la procesada en la causa por lavado de activos.
Fuente: Última Hora
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