La Cámara de Diputados prevé analizar hoy siete solicitudes de intervención a municipios con denuncias administrativas y financieras. La sesión fue convocada para las 09:00 y coincide con los días previos al receso legislativo, lo que dará más tiempo a intendentes cuestionados sin un avance real en sus expedientes.
Varios de los pedidos llevan meses sin tratamiento. Entre ellos figura el caso del municipio de Tomás Romero Pereira, administrado por Hernán Isidro Rivas. Ese expediente quedó postergado en 2024 y volvió a ser aplazado en 2025 por acuerdo de mayorías de la ANR y el PLRA. La causa también afecta a comunas con respaldo del movimiento oficialista, como Ñemby.
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En total, siete municipios aguardarán la decisión de la Cámara sobre la conformación de comisiones especiales y el eventual acuerdo constitucional. Además, muchos de los expedientes dependen aún de la integración formal de dichas comisiones, lo que vuelve inviable cualquier resolución inmediata.
El caso de Rivas es uno de los más señalados. Su administración enfrenta denuncias por un perjuicio estimado en G. 2.000 millones de royalties y otros G. 7.000 millones de recursos genuinos. Concejales reportaron obras realizadas con maquinaria del MOPC pese a que fueron licitadas con fondos municipales. Sin embargo, el estudio quedó nuevamente congelado.
En Ñemby, la Cámara debe resolver la conformación de la comisión especial. La Junta Municipal aprobó el pedido en 2024 y existen denuncias contra el intendente Tomás Olmedo por un faltante de G. 700 millones, lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos. Ese expediente también seguirá sin tratamiento inmediato.
El intendente de Yby Yaú, Vidal Argüello, enfrenta un escenario confuso. Aunque la Junta solicitó la intervención, él respondió con una denuncia contra concejales por supuesta adulteración del acta. La Contraloría no halló indicios para intervenir, pero los ediles lo denunciaron penalmente por falta de transparencia.
En Ybyrarobaná, la Cámara evaluará si instala la comisión que revisará el pedido. La Junta rechazó la rendición de cuentas del intendente César Machuca por falta de documentación y denunció sospechas de malversación de fondos. Este caso también depende de la integración legislativa pendiente.
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Además, Emboscada deberá esperar. Concejales denunciaron que el intendente Sergio Peña pagó obras en 2024 que nunca fueron ejecutadas. En Mallorquín, la CGR verificó 24 presuntas irregularidades, entre ellas cheques al portador, compras de combustible sin tarjetas y posibles sobrecostos.
El único caso con definición posible es el del intendente de Lima, Juan Manuel Ávalos. La comisión especial ya deliberó y existen dictámenes divididos. La denuncia incluye irregularidades en el programa de alimentos escolares por G. 514 millones sin respaldo documental. Aunque el dictamen no es vinculante, un acuerdo político anticipa que la intervención no prosperará.
Fuente: Última Hora
