La Cámara de Diputados, con mayoría cartista y de aliados, sancionó el proyecto que restituye el control permanente de las 18 Circunscripciones Judiciales a los ministros de la Corte Suprema. La modificación del artículo 8° de la Ley 609/1995 deja sin efecto la norma de 2023 que obligaba a una rotación anual. La decisión permite que los ministros retomen la administración fija de las regiones judiciales, similar al esquema vigente antes de la reforma.
La aprobación se realizó mediante un trámite acelerado. Un dictamen de la Comisión de Justicia se presentó a última hora en plena sesión ordinaria. Fue firmado por Yamil Esgaib, Néstor Castellano, Liz Acosta y José Domingo Adorno. Según legisladores de la oposición, el documento apareció únicamente para cumplir protocolo y permitir la sanción antes del receso parlamentario. Además, el propio Esgaib evitó argumentar el contenido del dictamen en su primera intervención.
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La votación se produjo en medio de versiones sobre una reunión reservada en Mburuvicha Róga entre seis ministros de la Corte, el presidente Santiago Peña y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes. Ninguna de las instituciones involucradas desmintió el encuentro. El contexto generó críticas sobre la eventual relación entre esa reunión y el impulso político para aprobar la ley con rapidez.
La obligatoriedad de la rotación se había incorporado en 2023 para impedir que ministros permanecieran largos periodos en determinadas circunscripciones. Esa medida buscaba evitar concentraciones de poder y fortalecer la transparencia. Con la derogación aprobada ayer, se regresa al modelo previo, donde cada ministro puede mantener control directo sobre una región judicial sin límite anual.
Las bancadas opositoras cuestionaron el proyecto y alertaron sobre sus efectos. El diputado Raúl Benítez calificó la medida como un “retroceso gigantesco”. Señaló que repone privilegios a una Corte muy cuestionada y recordó que el avance logrado hace dos años permitió frenar prácticas asociadas a “feudos” judiciales. La diputada Johanna Ortega sostuvo que la decisión emula modelos de concentración de poder en países como Venezuela y Nicaragua.
Desde el Partido Patria Querida, Rocío Vallejo también criticó el proyecto. Recordó que la normativa vigente se consideraba histórica y advirtió que eliminarla implica retroceder en transparencia y credibilidad. Señaló que la ciudadanía reclama mejoras en la justicia, pero la ley aprobada garantiza que “todo siga igual”. Añadió que la Corte debe demostrar capacidad de frenar presiones políticas y avanzar en depuración interna.
El diputado colorado disidente Mauricio Espínola anunció su voto en contra. Afirmó que la Corte debe “ser y parecer” independiente. Exigió que Peña, Cartes y los ministros de la Corte aclaren la existencia o no de la reunión señalada. Indicó que la falta de aclaración podría derivar en acciones de inconstitucionalidad.
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La discusión continuó con nuevos reclamos. Benítez solicitó a la mayoría cartista un solo argumento que demuestre beneficios para la ciudadanía, pero no obtuvo respuesta. Aseguró que la iniciativa solo favorece a un sector político y a un grupo de ministros. El vice líder de Honor Colorado, Miguel del Puerto, respondió que los ministros deben trabajar con transparencia y que la rotación podría ser “inconstitucional”.
En una segunda intervención, Esgaib defendió el proyecto alegando que cumple con la Constitución y otorga independencia a la Corte. Benítez replicó que, si existiera contradicción entre la Constitución y la ley que estableció la rotación, la Corte ya habría declarado su inconstitucionalidad. La sesión concluyó con el respaldo mayoritario al proyecto, que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación.
Fuente: ABC Color
