La discusión sobre la reforma del transporte público llega este miércoles al Senado en medio de una fuerte tensión con los gremios de choferes, que anunciaron una huelga para el 16 y 17 de diciembre. Los trabajadores afirman que la versión aprobada por Diputados vulnera derechos laborales y pone en riesgo la estabilidad del personal del sector, lo que incrementa la presión sobre el Congreso y sobre el presidente Santiago Peña.
El proyecto será debatido en la sesión ordinaria del 10 de diciembre y plantea una reestructuración profunda del sistema de transporte terrestre. La iniciativa modifica puntos clave de la Ley 1590/2000 y forma parte de un proceso de reforma que el Ejecutivo busca impulsar desde hace meses. Sin embargo, los cambios introducidos por Diputados encendieron la reacción sindical, que exige también la destitución del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.
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Los gremios señalan tres artículos como el núcleo del conflicto. El primero es el artículo 20, que reafirma al transporte metropolitano como un servicio público imprescindible y habilita sanciones por interrupciones. Diputados redujo los porcentajes mínimos de operación que había fijado el Senado —70% en horas pico y 60% en horarios normales— y estableció un único mínimo del 60% para todos los turnos, lo que para los choferes restringe de hecho el derecho a huelga.
El segundo punto crítico es el artículo 39. La versión original exigía a los nuevos concesionarios contratar a conductores con al menos dos años de antigüedad y permitía evaluaciones de idoneidad. Diputados amplió la obligación a todos los trabajadores del operador saliente, lo que, según los choferes, genera desigualdades y abre la puerta a inestabilidad en los planteles.
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El tercer artículo observado es el 45, que define los componentes de operación del sistema. Los sindicatos advierten que la redacción reparte funciones entre distintos actores y crea dudas sobre quién será el empleador directo bajo el nuevo modelo, un punto clave para la seguridad jurídica del personal.
Más allá de la polémica, la reforma propone un cambio estructural que se implementaría de forma gradual en un plazo de cuatro años. El plan contempla concesiones de entre 7 y 20 años mediante licitación pública y establece que el Estado adquirirá los buses, priorizando unidades de bajas o cero emisiones con una antigüedad máxima de 15 años.
El proyecto también plantea reorganizar la operación en “unidades funcionales”, reduciendo las 36 líneas actuales a unas 10 operadoras. Además, busca integrar el sistema tarifario para permitir viajes combinados con un solo pasaje y prevé la licitación de patios, terminales, estaciones y servicios complementarios como inspecciones, fiscalización y gestión tecnológica.
Con la presión sindical en aumento y una huelga anunciada para los próximos días, el debate de este miércoles será clave para definir si el proyecto avanza, se modifica o vuelve a una nueva ronda de negociaciones.
Fuente: ABC Color
