Efectivos del Batallón de Frontera vigilan el Río Paraná en la zona de CDE. Gentileza
El último viernes, el humo blanco que salió de un horno industrial en Foz de Yguazú marcó un nuevo golpe al narcotráfico. En esa ciudad brasileña, la Policía Federal incineró 11,843 toneladas de marihuana, cocaína y hachís, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. La carga formaba parte de las incautaciones acumuladas desde comienzos de año en la región de la Triple Frontera.
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Con esta operación, la Policía Federal de Foz alcanzó las 120 toneladas de droga destruidas en lo que va de 2025. Es un registro considerado histórico para la zona. Sin embargo, no logra disimular el volumen diario del tráfico que cruza la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Las autoridades admiten que el esquema criminal se sostiene con rutas dispersas, logística adaptable y operadores que se mueven con rapidez.
La Triple Frontera combina selva cerrada, áreas urbanas densas, caminos rurales poco transitados y una extensa franja fluvial. Según los investigadores, ese tramo de agua es “el verdadero corredor invisible del crimen”. Por allí circulan desde pequeñas embarcaciones artesanales hasta lanchas de gran potencia. Estos vehículos pueden cruzar el río Paraná en pocos minutos y luego desaparecer entre las márgenes boscosas.
Las autoridades brasileñas calculan que más de 200 puertos clandestinos operan a lo largo del lago Itaipú y del río Paraná. Algunos son simples bajadas de tierra, ocultas entre arbustos y malezas. Otros cuentan con rampas de madera, techos precarios y refugios para ocultar cargas y motores. En los últimos cuatro años, Brasil destruyó cerca de 60 de estos puntos. Del lado paraguayo no se registran intervenciones de similar alcance.
Esa diferencia explica parte de la fortaleza de las organizaciones que operan en la región. Siempre surge un paso alternativo, un sendero reactivado o un muelle improvisado para cruzar mercancías ilegales. En ciertos sectores del lago, pescadores dicen ver “luces moviéndose” en la madrugada, señales de lanchas rápidas en tránsito. Estos relatos coinciden con informes oficiales que describen movimientos nocturnos, apoyados por una red de “campanas” que alertan sobre cada patrulla.
El crimen organizado en la frontera ya no mueve solo estupefacientes. También traslada armas, cigarrillos, aparatos electrónicos, productos agropecuarios y cualquier carga con salida rápida en el mercado brasileño. Aunque el tráfico fluvial domina buena parte del flujo, el Puente de la Amistad sigue siendo la vía más visible. Por allí cruzan miles de vehículos todos los días. Entre ellos, algunos llevan compartimentos ocultos para droga o contrabando.
La Receita Federal registra más de 50.000 vehículos incautados en Foz de Yguazú en las últimas dos décadas. El depósito donde se almacenan se asemeja a un enorme cementerio automotor. Hay buses turísticos, taxis, camionetas 4×4, camiones graneleros y motocicletas con matrículas paraguayas y brasileñas. Muchos fueron adaptados en talleres clandestinos para transportar cargas ilegales sin llamar la atención. Otros se usaron como enlace entre los puertos clandestinos y el interior del Brasil.
Los agentes describen camiones cargados con toneladas de granos que ocultaban paquetes de droga entre la mercadería. También relatan buses turísticos con cajas de cigarrillos escondidas en dobles fondos. En cada caso se detectan estructuras modificadas, soldaduras recientes o espacios falsos habilitados para el contrabando. La respuesta oficial apuesta a mejorar los controles y a introducir más tecnología, como radares, drones y sistemas de monitoreo nocturno.
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Sin embargo, esas inversiones siguen siendo parciales y desiguales entre los países. Mientras tanto, las incautaciones continúan y cada tonelada destruida implica un golpe económico para las organizaciones. El mayor cargamento de marihuana vinculado a estos puertos fue el del Operativo Umbral, el miércoles 3 de diciembre. Fueron 88 toneladas con destino Brasil, transportadas en un camión semirremolque y catorce camionetas desde la zona de Villa Ygatymí. El convoy pasó por once comisarías sin ser detectado y fue finalmente interceptado por una comitiva de la Senad y militares del CODI. En el enfrentamiento cayó abatido un integrante del grupo. Las investigaciones apuntan como supuestos dueños a Benicio Silva, alias Silva Hû, y a Carlos Miguel González Aguilera, alias Carlitos, cuyo hermano Sergio Daniel murió durante la incautación.
Fuente: Última Hora
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