Imagen ilustrativa. Nano Banana.
La Contraloría General de la República informó que la deuda pública per cápita de Paraguay alcanzó al cierre de 2024 un valor de USD 2.842. Ese monto equivale a más de G. 20 millones por cada paraguayo, según el informe sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024. El dato refleja el peso que asume cada habitante sobre el endeudamiento acumulado por el Estado.
El reporte señala que este nivel de deuda per cápita representa un aumento del 29,3% frente al año anterior. En 2023, el indicador había cerrado en USD 2.197, equivalentes a unos G. 15,5 millones. La diferencia supone alrededor de G. 4,8 millones adicionales por persona o un incremento interanual de USD 645 por habitante.
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Según la Contraloría, uno de los factores centrales detrás de este salto es la expansión de la deuda total del sector público. El documento menciona que el endeudamiento se incrementó en USD 1.515,8 millones durante el periodo analizado. Además, resalta que el comportamiento demográfico también influyó en el cálculo del pasivo individual.
El informe explica que el número de habitantes registrado en 2024 es menor al de 2023, con una diferencia de 1.182.173 personas. Por lo tanto, el mismo saldo de deuda debe distribuirse entre menos ciudadanos. Esta reducción poblacional contribuyó a elevar el endeudamiento medido por persona, incluso más allá del aumento en los montos globales.
La Contraloría advierte que el incremento de la deuda per cápita puede generar consecuencias directas para la población. Una de las principales preocupaciones es una posible mayor carga fiscal. Para financiar sus obligaciones, el Gobierno podría verse obligado a aumentar impuestos o reducir subsidios, afectando el ingreso disponible y la capacidad de consumo de los hogares.
Además, el informe señala que la estructura del gasto público puede verse alterada por el mayor peso del servicio de la deuda. Si una proporción significativa del presupuesto se destina al pago de capital e intereses, sectores como salud, educación e infraestructura podrían recibir menos recursos. Según la Contraloría, este desplazamiento del gasto podría traducirse en una disminución de la calidad de vida.
Los cálculos de deuda por persona se basan en datos de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública (DGCDP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas fuentes permiten combinar los montos de endeudamiento con la evolución demográfica para estimar el impacto en términos per cápita.
Más allá del efecto individual, la Contraloría subraya que el aumento de la deuda pública implica riesgos relevantes para la estabilidad macroeconómica. Entre ellos menciona posibles presiones inflacionarias, desplazamiento de la inversión privada, menor crecimiento económico por una mayor carga de intereses y limitaciones para aplicar reformas orientadas a mejorar el desempeño de la economía.
Ante este escenario, el organismo de control insta al Gobierno, y en particular al MEF, a fortalecer e implementar políticas fiscales sostenibles. El objetivo es gestionar la deuda de manera prudente y mitigar sus riesgos. El informe reconoce ciertas medidas de consolidación fiscal adoptadas por la cartera económica, pero sostiene que no fueron suficientes para revertir la tendencia ascendente.
La Contraloría recuerda que, en la última década, la deuda pública registró una tasa anual promedio de crecimiento del 12,7%. Añade que, al cierre del ejercicio 2024, el endeudamiento continuó aumentando, con especial incidencia en la Administración Central. En ese segmento, se observó una variación del 10% respecto al año anterior, pese a los esfuerzos declarados de contención.
En paralelo, el informe de deuda pública del Ministerio de Economía correspondiente a octubre muestra que los bonos soberanos siguen concentrando la mayor parte del endeudamiento. Estos instrumentos representan el 55,3% de la deuda total del país, una proporción levemente superior a la de meses previos. En términos de monto, los bonos alcanzaron USD 8.118,7 millones y explican cerca del 46% de los compromisos de la Administración Central.
En cuanto a los créditos externos, que abarcan el 41,5% del total de la deuda, se mantiene una fuerte presencia de organismos multilaterales. El documento destaca como principales acreedores al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). De esta forma, se confirma que una parte importante del financiamiento del Estado paraguayo proviene de emisiones de bonos y de préstamos con instituciones internacionales.
Fuente: Última Hora
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