El intendente condenado Hilario Adorno junto a su hermano el diputado Domingo Adorno. Gentileza
La Corte Suprema de Justicia analizará la acción de inconstitucionalidad presentada por Hilario Adorno, intendente electo de Puerto Casado, condenado por lesión de confianza. La medida se da tras el uso de fondos municipales para pagar una cuota de su camioneta.
Adorno, representante del movimiento ANR-HC, impugnó la sentencia del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción de junio pasado, que lo condenó a tres años y ocho meses de prisión. La resolución también le impidió ejercer funciones en la administración municipal.
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La defensa de Adorno señaló que tanto el fallo del tribunal de primera instancia como la confirmación del Tribunal de Apelación en octubre pasado vulneraron derechos constitucionales. Alegó violaciones al debido proceso, derecho a la defensa y prohibición de pruebas obtenidas de manera ilícita, además de infracciones a los artículos 1, 19 y 125 del Código Procesal Penal.
El escrito judicial sostiene que las resoluciones presentan arbitrariedades, falta de fundamentación, extensión indebida de la etapa preparatoria e introducción de imputaciones adicionales. También cuestiona la valoración de documentos y testimonios considerados “contaminados” y afirmaciones del Ministerio Público sin sustento claro.
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Los ministros Víctor Ríos, Gustavo Enrique Santander Dans y César Diesel coincidieron en que la demanda cumple con los requisitos formales del Código Procesal Civil y la ley 609/1995, que regula las acciones de inconstitucionalidad. La Sala Constitucional ordenó remitir los autos principales para el estudio del caso y continuar el trámite legal correspondiente.
Mientras se define la acción, Domingo Vera asumió de manera interina la intendencia de Puerto Casado por prohibición judicial impuesta a Adorno. Esta designación fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y mantendrá a Vera a cargo de la administración municipal hasta 2026. La Corte analizará si las resoluciones judiciales cuestionadas afectaron garantías constitucionales de Adorno.
Fuente: ABC Color
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