Vista del Banco Nacional de Fomento. (Foto IP)
La licitación para el nuevo sistema “core”, considerado el cerebro digital del Banco Nacional de Fomento (BNF), quedó bajo fuerte cuestionamiento en el marco de la Convocatoria 445258. Este proceso incluye dos componentes: la adquisición del software core bancario por G. 65.012.034.582 y la consultoría para su implementación, desarrollo y evolución por G. 91.918.231.742, con un monto total estimado de G. 146.000.000.000. La licitación corresponde al segundo llamado para la modernización tecnológica del banco estatal. Las denuncias fueron presentadas por el Consorcio SoluBank, uno de los oferentes, que señala posibles irregularidades y un presunto direccionamiento a favor de la empresa ITTI.
El proceso también registra varias actuaciones administrativas impulsadas por el Consorcio SoluBank. Entre ellas figuran dos investigaciones de oficio iniciadas el 3 de diciembre de 2025, ambas a pedido de la denunciante Jessyca Díaz Caballero. Además, el consorcio presentó una reconsideración el 2 de diciembre de 2025, firmada por Ana María González Oviedo. A esto se suma una protesta formal contra el resultado del proceso, presentada el 19 de noviembre de 2025 por la misma representante.
La primera señal de alerta se relaciona con la descalificación del Consorcio SoluBank por un aspecto estrictamente formal. La representación del consorcio se documentó mediante un acuerdo privado con firmas certificadas por escribanía. Sin embargo, la convocante exigió escritura pública, un instrumento de mayor solemnidad, y utilizó esa diferencia para excluir la propuesta.
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Esta decisión contrasta con el criterio previsto en la Ley de Contrataciones Públicas. El artículo 52 establece que los defectos de forma o no sustanciales pueden ser subsanados. Por lo tanto, la normativa indica que estos defectos no son suficientes para descalificar una oferta. La aplicación rígida del requisito formal deja instalada la duda sobre si se empleó un tecnicismo para apartar a un competidor que seguía en carrera.
La segunda irregularidad surge del informe de evaluación técnica del proceso. En la dimensión “Técnico No Funcional”, la propuesta de ITTI recibió puntajes que superan el 100% en varios ítems. En ese apartado se consignan calificaciones como 141,67% en soporte, 130% en seguridad, 181% en interfaces y 181% en sistemas satelitales. El documento no explica el método utilizado para alcanzar estos porcentajes.
La ausencia de una justificación detallada choca con el principio de transparencia previsto en el artículo 4 de la ley. Además, el artículo 54 exige fundar las decisiones de admisión o rechazo de las ofertas. A esto se suma que, según la denuncia, no existe constancia de la “DEMO” del producto, exigida en el pliego para verificar el funcionamiento del sistema. La combinación de puntajes sobredimensionados y falta de demostración documentada abre interrogantes sobre la evaluación.
Una tercera señal de alerta se vincula al cambio de reglas para la presentación de protestas. La normativa general, fijada en la Resolución 234/25, otorgaba siete días hábiles para que los oferentes pudieran reclamar. Sin embargo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dictó la Resolución 2647/2025, de carácter especial y temporal, que redujo de forma drástica ese plazo.
Esta resolución especial rigió únicamente entre el 9 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025, coincidiendo con el periodo de la licitación del core del BNF. Fue precisamente ese plazo reducido el utilizado para rechazar la protesta presentada por SoluBank. El recorte temporal y específico del tiempo para reclamar generó dudas sobre la imparcialidad del esquema regulatorio aplicado al caso.
La cuarta irregularidad señalada apunta a la apertura anticipada de las ofertas económicas. La propia Resolución DNCP 2647/2025 exigía un mínimo de cuatro días hábiles para revisar la evaluación técnica, más dos días adicionales para interponer protestas. El total era de seis días hábiles antes de habilitar la apertura de los sobres económicos. Sin embargo, el BNF abrió las propuestas al quinto día.
Este adelantamiento choca con la regla establecida en la normativa vigente. El Decreto 2264/24, en su artículo 75, inciso 2.2.1.5, dispone que la fecha de apertura debe respetar el plazo para el recurso de protesta. En caso contrario, la institución convocante debe cancelar el procedimiento. Según la denuncia, el incumplimiento de este plazo se convierte en un vicio que, por sí solo, justificaría la anulación de toda la licitación.
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La quinta línea de cuestionamiento se enfoca en el contenido técnico del pliego. De acuerdo con el consorcio denunciante, las especificaciones del “Stack Tecnológico” reproducen características propias del sistema de ITTI. El documento señala que se trataría de un “copy-paste” de atributos que, en la práctica, solo esa empresa puede ofrecer. Además, se menciona que se excluyen tecnologías como la Inteligencia Artificial, que otros proveedores sí habrían presentado.
El señalamiento no se agota en el diseño de requisitos presuntamente restrictivos. También se plantea un posible conflicto de interés en la etapa de elaboración del pliego. La denuncia recuerda que la actual asesora de Tecnología del BNF, Laura Adriana Brítez Roa, se desempeñó previamente como gerente de Proyectos en ITTI. Esta doble trayectoria, según el consorcio, plantea dudas sobre la neutralidad en la definición de las condiciones técnicas.
El propio Consorcio SoluBank sostiene que este no sería un caso aislado. En un llamado anterior, afirma que también fue descalificado en un contexto en el que otro oferente tampoco cumplía con todas las exigencias. La reiteración de patrones, sumada a la combinación de descalificación formalista, puntajes superiores al 100%, cambio de reglas, incumplimiento de plazos y posible direccionamiento técnico, coloca la licitación del cerebro digital del BNF en el centro del debate público sobre contrataciones estatales y confianza institucional.
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