Foto: Gustavo Machado.
El esquema criminal conocido como la “Mafia de los Pagarés” reveló notificaciones fraguadas, embargos salariales aplicados sin conocimiento de los afectados y un entramado que involucró a jueces, ujieres y abogados.
La mayoría de las víctimas eran docentes, enfermeras, militares y policías, tanto activos como jubilados. Por estos hechos fueron imputadas 63 personas, mientras que la Corte Suprema rechazó los pedidos para anular los embargos ya ejecutados, lo que mantiene la preocupación por el uso indebido de estos documentos.
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En ese contexto, el Senado decidió aplazar por una semana el análisis del proyecto de ley que obliga a devolver los pagarés una vez cancelada la deuda, e incorpora sanciones para quienes incumplan esta obligación. La postergación se dio en una sesión extraordinaria encabezada por Basilio “Bachi” Núñez, tras un pedido formalizado por la bancada cartista.
La solicitud fue presentada por el líder de ese bloque, Natalicio Chase, quien pidió nuevos ajustes al texto. La propuesta, impulsada por el senador Derlis Osorio, busca asegurar la entrega inmediata del pagaré al momento del pago total y limitar prácticas irregulares vinculadas a documentos retenidos pese a la cancelación de la deuda.
El proyecto tiene dictámenes de rechazo de las comisiones de Legislación y Derechos Humanos, pero cuenta con un dictamen favorable —con modificaciones— de la comisión especial que investiga la “Mafia de los Pagarés”. Ese grupo sostiene que la iniciativa podría ayudar a frenar abusos en procesos de cobro.
La discusión legislativa coincide con la confirmación de que Walton Pagos, empresa dedicada al cobro de deudas del Banco Nacional de Fomento y ligada familiarmente al titular de Diputados, Raúl Latorre, seguirá operando con la entidad por otros seis meses. Además, Diputados aprobó recientemente una ley para el saneamiento de juicios ejecutivos y otros mecanismos de cobro asociados a pagarés.
Al debate se sumaron las críticas del obispo emérito Mario Melanio Medina, quien durante el novenario en Caacupé cuestionó la continuidad de prácticas que calificó como “estafas legalizadas” mediante el uso de pagarés. Sus declaraciones reflejan el creciente reclamo social por una normativa que brinde mayor protección a los deudores.
Fuente: ABC Color
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