El MOPC transfirió la administración del acueducto a la ESSAP S.A., que lo reparó para que funcione a medias. CALMIRON
Un informe de 167 páginas de la Contraloría General de la República (CGR) ratificó el fracaso del Acueducto del Chaco. La obra fue ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Se destinaron más de $100 millones en el proyecto, pero este no cumplió su objetivo. La CGR detectó ampliaciones contractuales irregulares y una notoria falta de controles.
La Fiscalía inició una investigación formal. Deberá determinar las responsabilidades ante los indicios de corrupción. Las irregularidades salpican a cuatro exministros de Obras Públicas. Entre ellos se mencionan Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona, Arnoldo Wiens y Rodolfo Segovia. El proyecto fue presentado hace más de una década como solución a la escasez de agua. Sin embargo, los pobladores del Chaco Central siguen sin recibir el líquido vital.
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El informe de la CGR, finalizado en octubre, expone una cadena de omisiones. También revela irregularidades administrativas y violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas. Uno de los hallazgos más graves es la ausencia de estudios de factibilidad y viabilidad. El MOPC no pudo demostrar la existencia de estos estudios previos a la ejecución de la primera etapa (Puerto Casado hasta Loma Plata).
Otro punto crítico fue la falta de auditorías internas. Entre 2012 y 2022 el MOPC no realizó controles internos al proyecto. Esta omisión impidió detectar desvíos técnicos, financieros y contractuales. Las verificaciones in situ de la CGR constataron que los tanques de almacenamiento en Loma Plata, Filadelfia y otras comunidades estaban vacíos. En algunos casos, no llegaba agua desde hacía más de un año.
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El informe también destaca ampliaciones contractuales desproporcionadas. El MOPC otorgó prórrogas de plazos muy superiores al tope legal del 20%. Se citan ampliaciones del 498% y 446% a distintos consorcios. Pese a estos atrasos extremos, la cartera de Obras no aplicó penalidades ni ejecutó las garantías. Además, el costo total del acueducto se incrementó en más de G. 140.000 millones sin cumplir el objetivo.
Finalmente, la CGR cuestiona el traspaso irregular del acueducto a ESSAP S.A. en 2020. Esto ocurrió sin que las obras estuvieran concluidas ni recibidas definitivamente. La Fiscalía, a través del agente fiscal Luis Lionel Piñánez García, investiga una posible lesión de confianza. El resultado del informe deja en evidencia el fracaso de la obra pública, mientras las comunidades continúan esperando el agua.
Fuente: ABC Color
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