Agentes fiscales y técnicos de la DNIT inspeccionan documentación durante uno de los allanamientos en el marco de la investigación por un presunto esquema de facturación falsa. ABC
Una investigación fiscal en curso destapó un presunto esquema de facturación falsa que habría movilizado más de G. 775.000 millones desde la ciudad de Katueté, en el departamento de Canindeyú. El operativo fue encabezado por el Ministerio Público, con apoyo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Según los primeros datos oficiales, el perjuicio fiscal confirmado supera los G. 138.000 millones y afecta de forma directa al sector agroindustrial.
La causa es impulsada por un equipo fiscal conformado por Francisco Cabrera, Luz Guerrero y Elena Fiore. La intervención incluyó allanamientos simultáneos en varios puntos del país. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la DNIT, que detectó inconsistencias reiteradas en la utilización de comprobantes tributarios entre los años 2019 y 2022.
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De acuerdo con los investigadores, el centro de operaciones del esquema estaría en un estudio contable con sede en Katueté. Desde allí se habría coordinado la creación y administración de las denominadas empresas de maletín. Estas firmas no contaban con actividad económica real y tenían como único propósito la emisión de facturas de contenido falso.
El mecanismo se basaba en la simulación de operaciones vinculadas al rubro agrícola. Las facturas apócrifas consignaban supuestas ventas de agroquímicos, servicios de fumigación, siembra y trabajos con maquinaria pesada. Sin embargo, estas operaciones nunca se habrían realizado. El objetivo era inflar costos y reducir de forma indebida la carga impositiva ante el fisco.
En términos numéricos, la pesquisa permitió identificar a 16 contribuyentes cuyos datos habrían sido utilizados para emitir comprobantes irregulares. Además, otros 89 contribuyentes aparecen como beneficiarios directos del uso de esta documentación falsa. Según la DNIT, el volumen total de operaciones simuladas supera los G. 775.000 millones, mientras que el daño patrimonial al Estado asciende, por ahora, a más de G. 138.000 millones.
Desde la DNIT advirtieron que los involucrados enfrentarán no solo ajustes tributarios y multas de alto monto. También podrían ser procesados penalmente por la producción y utilización de documentos no auténticos. Además, las autoridades anunciaron un refuerzo de los controles en sectores considerados de alto riesgo. El objetivo es frenar la expansión de redes de defraudación con impacto directo en la recaudación fiscal.
Fuente: ABC Color
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