Foto: Gentileza.
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y establece el Sistema de Alerta MAFE, una normativa que busca acelerar la respuesta del Estado ante denuncias de desaparición. La firma del Ejecutivo habilita un nuevo marco legal para la búsqueda inmediata en todo el país.
La ley lleva el nombre de María Fernanda Benítez, joven víctima de feminicidio en la ciudad de Coronel Oviedo, un caso que expuso falencias en el accionar de las autoridades y generó fuertes cuestionamientos públicos sobre la demora en los protocolos de búsqueda.
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Con la promulgación, el Gobierno pone en vigencia un mecanismo orientado principalmente a la protección de niños, niñas y adolescentes, considerados el grupo más vulnerable ante situaciones de desaparición. La normativa establece procedimientos obligatorios y coordinados desde el momento mismo de la denuncia.
Uno de los ejes centrales es la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que concentrará información clave sobre cada caso. El sistema permitirá unificar datos, ordenar actuaciones y garantizar un seguimiento documentado de las intervenciones realizadas por las fuerzas policiales y de investigación, bajo criterios de confidencialidad y protección de datos personales.
La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 25 de noviembre, luego de que el pleno aceptara las modificaciones introducidas por el Senado. Durante el debate legislativo, la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, explicó los cambios incorporados al proyecto original.
Entre las modificaciones se incluyó una mayor coordinación con la Policía Nacional, el fortalecimiento del rol del Ministerio Público y la integración del sistema 911 en los protocolos de búsqueda, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta durante las primeras horas de la desaparición.
El tratamiento parlamentario estuvo marcado por críticas al accionar tardío de las autoridades de seguridad en el caso de María Fernanda Benítez. Legisladores también recordaron que, durante 2024, el oficialismo había rechazado un proyecto similar alegando falta de recursos, antecedente que formó parte del contexto político de la discusión.
Según el texto legal, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas será de carácter público y gratuito, aunque con acceso restringido. Contendrá datos personales y un historial detallado de las actuaciones realizadas en cada caso, con el fin de garantizar un control continuo y evitar vacíos en los procesos de búsqueda.
La ley también establece la Alerta MAFE, un sistema de difusión inmediata inspirado en modelos internacionales como la alerta Amber. El mecanismo permitirá activar automáticamente la búsqueda a nivel nacional a través de medios de comunicación, plataformas digitales y servicios de telefonía.
Además, desde la presentación de la denuncia, la Policía Nacional y el Ministerio Público deberán actuar sin demora. La normativa incorpora la capacitación obligatoria de todo el personal policial involucrado, con el objetivo de evitar fallas operativas y respuestas tardías ante futuras desapariciones.
Fuente: ABC Color
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