La Cámara de Apelaciones confirmó al juez Rodrigo Estigarribia para intervenir en el proceso penal contra la jueza de Paz de La Encarnación, Analía Cibils. La resolución rechazó el planteo de imparcialidad presentado por la magistrada, al considerarlo infundado. Por lo tanto, el juez quedó habilitado para convocar nuevamente a las partes y continuar con la audiencia preliminar interrumpida.
La causa se enmarca en la investigación conocida como “mafia de los pagarés”. Cibils es sospechosa de integrar un esquema de fraude mediante embargos salariales. Las medidas habrían afectado a funcionarios públicos activos y jubilados. Los procesos se tramitaron como juicios ejecutivos, sin notificación adecuada a las personas embargadas, según la acusación.
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Además de Cibils, otros procesados comparecen en esta etapa preliminar. Al cierre de la audiencia, el juzgado deberá resolver si las causas se elevan a juicio oral y público. La Cámara entendió que no existían elementos objetivos que comprometieran la actuación del magistrado Estigarribia en esta instancia.
De acuerdo con un informe de la Comisión de Investigación del Senado, en el juzgado de La Encarnación se registraron embargos por G. 577.540.231.592. Ese monto corresponde a 104.894 juicios ejecutivos. El documento forma parte de las actuaciones que analizan el alcance económico del esquema investigado.
Según el Ministerio Público, Cibils habría tenido una participación activa en un entramado judicial más amplio. El esquema operaba principalmente desde juzgados de Paz de Asunción. Allí se concentraban expedientes vinculados a ejecuciones basadas en pagarés falsos o manipulados. La investigación sostiene que estas maniobras permitieron la aplicación de embargos indebidos.
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El equipo fiscal está integrado por Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce. Los agentes sostienen que el sistema funcionaba con apoyo de funcionarios judiciales. Se habrían utilizado resoluciones y notificaciones irregulares para obtener beneficios económicos. Sin embargo, la defensa de Cibils cuestiona la acusación y señala falta de precisión jurídica en los hechos atribuidos.
La jueza enfrenta cargos por prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles. Durante la apertura de la audiencia preliminar, el juez informó que instancias superiores ratificaron la diligencia. Pese a ello, una recusación volvió a suspender el trámite. Mientras tanto, las investigaciones continúan y abarcan otros procesos derivados de la misma causa.
Fuente: Megacadena
