El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) despojó de sus fueros a la fiscala de Coronel Oviedo, Gloria Mabel Rojas Cañete. La decisión se tomó de forma unánime tras la propuesta del presidente del órgano, César Antonio Garay Zuccolillo. El pleno también resolvió iniciar un enjuiciamiento de oficio por la supuesta comisión de hechos punibles. Esta medida permitirá que la agente fiscal sea sometida plenamente al proceso penal en su contra. Asimismo, el JEM solicitó a la Corte Suprema de Justicia su suspensión inmediata en el cargo.
La fiscala Gloria Rojas está imputada por cohecho pasivo agravado tras una investigación liderada por su colega Silvia González. Según la acusación, Rojas exigió un pago de dinero para beneficiar a un procesado. El caso se vincula a una de las causas abiertas por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez. El hecho criminal ocurrió en mayo pasado en la ciudad de Coronel Oviedo. La fiscala habría prometido una medida menos gravosa a cambio de una suma millonaria.
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La investigación detalla un esquema de extorsión entre la funcionaria y el imputado Franco Acosta. Rojas se reunió con el hombre y le sugirió que “arregle su situación” procesal. Para ello, le indicó que contactara al abogado Juan Carlos Bedoya como intermediario. Durante los encuentros, la fiscala aseguró que otorgaría un cambio de calificación del hecho. También prometió una suspensión condicional del procedimiento a cambio de la entrega de dinero. El monto final de la exigencia económica ascendió a G. 31 millones.
Un encuentro clave ocurrió el 21 de noviembre en la sede de la Fiscalía de Coronel Oviedo. Al iniciar la charla, la fiscala preguntó directamente: “¿Treinta?”, sin que el denunciante mencionara cifras previas. Esto evidenció que Rojas conocía perfectamente el monto acordado con el abogado Bedoya. El imputado corrigió la cifra aclarando que eran treinta y un millones por el millón adicional para donación. La agente fiscal recibió esta información sin realizar ninguna objeción al respecto durante la reunión oficial.
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El 26 de noviembre de 2025 se realizó una entrega vigilada de dinero bajo autorización judicial. En el operativo, las autoridades encontraron G. 30.000.000 en poder del abogado Juan Carlos Bedoya. Este monto coincidía con lo solicitado previamente para asegurar la salida procesal a favor de Acosta. Tras el desafuero, el juez Humberto Otazú podrá citar a la fiscala para su audiencia indagatoria. El proceso ante el JEM quedará suspendido hasta que exista una resolución definitiva en la justicia ordinaria.
La comunicación del pedido de suspensión a la Corte Suprema de Justicia se hará mediante oficio. Sin embargo, la máxima instancia judicial tratará la medida recién al culminar el circuito de firmas electrónicas. Se deben remitir todas las copias de las actas y los antecedentes del caso para su análisis. La decisión del JEM contó con el respaldo de ministros de la Corte, senadores y diputados. El caso genera una gran conmoción debido a la sensibilidad del crimen de la adolescente María Fernanda.
Fuente: ABC / Megacadena
