Las víctimas del esquema conocido como la “mafia de los pagarés” solicitaron el inicio de un juicio político contra seis ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El pedido surge tras confirmarse una reunión secreta entre integrantes del máximo tribunal y el presidente de la República, Santiago Peña, en Mburuvicha Róga. Según los denunciantes, el encuentro refuerza sus cuestionamientos sobre presuntas influencias indebidas en el sistema judicial.
El vocero del grupo de víctimas, Pedro Coronel, señaló que el reclamo se sustenta en denuncias previas sobre sometimiento judicial a poderes fácticos. Indicó que la reunión del 3 de diciembre no fue informada oportunamente. Además, sostuvo que la confirmación posterior se dio de manera indirecta durante una sesión plenaria de la Corte, sin mayores precisiones públicas sobre el alcance del encuentro.
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De acuerdo con Coronel, los ministros habrían negado de forma implícita la presencia del expresidente Horacio Cartes en la reunión. Sin embargo, enfatizó que la comunicación oficial solo destacó el encuentro con el jefe de Estado. Para las víctimas, este punto resulta central, ya que consideran que la falta de explicaciones claras afecta la credibilidad institucional de la Corte Suprema.
Además, el vocero afirmó que la situación coloca a la CSJ en una posición ética y jurídica cuestionada. Por lo tanto, el grupo ratificó su pedido de juicio político contra los ministros involucrados. Según explicó, la ciudadanía y las personas afectadas por el esquema de pagarés merecen una explicación detallada sobre los motivos y alcances de la reunión en sede presidencial.
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Coronel también sostuvo que este episodio representa un punto de inflexión para las víctimas. En ese sentido, afirmó que el caso evidencia, desde su perspectiva, una crisis institucional más amplia. Según su postura, existiría una influencia de poderes ajenos a los establecidos por la Constitución Nacional, lo que impactaría directamente en el funcionamiento de los órganos del Estado.
Finalmente, el representante advirtió que la situación podría derivar en nuevas acciones públicas. Señaló que las víctimas evalúan medidas para defender el sistema democrático y el modelo republicano. Por ahora, el reclamo central se mantiene en el plano institucional, con el pedido formal de juicio político y la exigencia de respuestas por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Fuente: ABC Color
