Pescadores de la ciudad de San Antonio manifestaron su malestar por el abandono del Gobierno durante la veda. Rubén Bernal, presidente de la Asociación de Pescadores Unidos, lideró los reclamos este viernes. El dirigente denunció que muchos trabajadores quedaron fuera del sistema de subsidios. Además, señaló que los pagos realizados resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias. La falta de respuestas del Estado genera incertidumbre en el sector pesquero del Departamento Central. Actualmente, los trabajadores con licencia deben respetar las restricciones de temporada sin el apoyo prometido.
El periodo de restricción inició el pasado 2 de noviembre en aguas compartidas con Argentina. Esta prohibición culminará oficialmente este sábado 20 de diciembre tras 50 días de pausa. Sin embargo, en las zonas fronterizas con Brasil, la medida se extenderá hasta el 31 de enero de 2026. Bernal reclamó que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) actuó con negligencia en la gestión de los censos. Por lo tanto, varios pescadores no fueron incluidos en las listas de beneficiarios de este año. La excesiva burocracia administrativa impidió que el auxilio económico llegara a tiempo.
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Los trabajadores solicitaron audiencias con las autoridades en reiteradas ocasiones sin obtener éxito. Bernal explicó que el Gobierno solo atiende al sector al inicio de la temporada en noviembre. Posteriormente, los pescadores con licencia quedan en el olvido institucional. Además, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) cerró la recepción de pagos de licencias en octubre. Tras este cierre, comenzaron a surgir problemas relacionados con supuestos errores en los documentos. Estas trabas complican el acceso de los trabajadores del río a los beneficios temporales.
Un punto crítico de la denuncia es la opacidad en el manejo de las listas de cobro. El Banco Nacional de Fomento acreditó los montos directamente en tarjetas de débito de los pescadores. Sin embargo, el Gobierno ya no entregó un informe general a los líderes de las asociaciones. Esta situación impide que la organización facilite información precisa a sus 60 asociados con licencia. Muchos trabajadores se encontraron con la sorpresa de no figurar en el padrón de pagos. Hasta el momento, el gremio no tiene acceso al listado para gestionar reclamos ante el MDS.
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El monto percibido por quienes sí cobraron es de G. 750.000 por el periodo de 50 días. Bernal calificó esta cifra como una “vergüenza” ante el sufrimiento de las familias. El dirigente sostuvo que el dinero es insuficiente si el trabajador no cuenta con otra actividad económica. Mientras los pescadores legales se “aprietan” en sus casas, la informalidad crece en las aguas del río. Denuncian que la Prefectura Naval y los entes de control hacen caso omiso a las infracciones. La falta de vigilancia permite que la pesca ilegal continúe sin consecuencias.
La asociación exige que se realicen controles efectivos para proteger la reproducción de las especies. Según Bernal, las autoridades solo patrullan una vez y luego abandonan la zona de vigilancia. Esta falta de rigor perjudica a los trabajadores que cumplen la ley y respetan el ecosistema. El gremio espera que para la próxima temporada el Gobierno demuestre una mayor conciencia social. Los pescadores de San Antonio instan al Estado a priorizar proyectos que garanticen su estabilidad. La preservación del recurso pesquero requiere un acompañamiento real y no solo restricciones legales.
Fuente: ÚH
