La construcción de un edificio en el barrio Florida de San Lorenzo desató una fuerte protesta vecinal desde mediados de 2025. El inmueble, propiedad de la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), fue diseñado con balcones que dan directamente hacia la vivienda de una vecina, generando reclamos por afectación a la privacidad y por incumplimiento de normativas urbanísticas. Los vecinos sostienen que la obra avanza sin respetar la distancia mínima legal de tres metros entre aberturas y linderos, lo que constituye una violación de ordenanzas municipales y leyes nacionales.
Las denuncias comenzaron en junio, cuando Patthy Pereira señaló que los escombros y materiales de la obra caían sobre una casa habitada por dos mujeres. Incluso se reportó que albañiles ingresaban sin permiso a la propiedad. Según los afectados, el edificio se proyecta como alquiler para estudiantes y la presión ejercida busca forzar la venta del inmueble vecino para habilitar un estacionamiento. Desde entonces, los reclamos fueron presentados ante la Municipalidad y la Fiscalía, pero no se obtuvo respuesta efectiva.
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En diciembre, la indignación se trasladó a las calles y redes sociales. Vecinos colocaron pasacalles con mensajes críticos hacia la Municipalidad de San Lorenzo y el intendente Felipe Salomón, acusando a la institución de permitir la construcción irregular. El eslogan “Cómo te v10l4 la Muni de SanLo?” reflejó el malestar ciudadano. También se cuestionó la ausencia de representantes de la familia Samudio, vinculada a la universidad y señalada como responsable del edificio. Los reclamos se intensificaron con escraches y publicaciones que denunciaban la existencia de 44 balcones orientados hacia un patio privado.
La propietaria afectada, Lujan Cardozo, exigió explicaciones al intendente y solicitó el cumplimiento de la ordenanza vigente. Intentó reunirse con el presidente de la Junta Municipal, Hernán Domínguez, pero no fue recibida. Posteriormente, remitió una nota formal solicitando un espacio institucional para tratar el caso. Durante la sesión ordinaria de la Junta, concejales como Isaac Rojas y Myriam Fernández escucharon a los vecinos y derivaron el pedido al Ejecutivo municipal, instando a dar curso a las demandas.
Solo en Paraguay se permite que 44 balcones den vista directa al patio de un vecino, violando la distancia mínima legal de 3 metros. Se vulneran leyes nacionales, ordenanzas municipales, la privacidad, derechos humanos y la Constitución. pic.twitter.com/j5wqig466I
— Erre (@Roddpy) December 17, 2025
La Junta Municipal solicitó la suspensión inmediata de las obras y un informe detallado a la Intendencia. El documento exige la presentación de planos, informes técnicos, comprobantes de impuestos y actos administrativos de aprobación. También pide copias de las diligencias judiciales relacionadas con el caso. El Ejecutivo tiene un plazo de 48 horas para responder, aunque concejales como Nicolás Verón advirtieron que el plano nunca pasó por la Junta, lo que constituye una primera violación a la normativa.
Según Verón, la construcción presenta múltiples irregularidades, incluyendo la distancia insuficiente entre el edificio y el lindero. Los vecinos consideran que la obra vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la seguridad, además de incumplir la Constitución y las leyes urbanísticas. La presión ciudadana continúa en busca de una solución definitiva, mientras la Municipalidad enfrenta cuestionamientos por su falta de acción frente a un conflicto que expone la fragilidad del control institucional en San Lorenzo.
Fuente: San Lorenzo Hoy
