Judiciales

Tribunal condena a Roa y Koube por licitaciones en la Secretaría de Emergencia Nacional

Tribunal condenó a Joaquín Roa a ocho años y a Alberto Koube a seis por hechos ligados a licitaciones de la SEN y fondos FONES.

El ex ministro de la SEN Joaquín Roa (de pie) y en el fondo, en pantalla, el condenado Alberto Koube Ayala. Foto: Silvio Rojas.

El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Daniel Roa Burgos, fue condenado a ocho años de prisión. La pena deberá cumplirla en Tacumbú. En el mismo juicio, el empresario Alberto Koube Ayala recibió una condena de seis años de encierro, según resolvió el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.

La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por Elsa García e integrado por Sonia Sánchez y Ana Rodríguez. Roa fue hallado culpable de lesión de confianza, cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio y lavado de activos. El fallo lo consideró autor de esos hechos punibles.

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La jueza Sonia Sánchez sostuvo que, tras un análisis pormenorizado y una valoración conjunta de las pruebas, el tribunal llegó a una conclusión firme. Indicó que quedó acreditado que Roa se desempeñó como ministro de la SEN entre enero de 2018 y diciembre de 2021. En ese periodo, según el tribunal, se consolidaron los hechos juzgados.

La embarcación Azimut y el tour por Europa, según el tribunal

Durante la lectura de la sentencia, Sánchez afirmó que quedó probada la coima pagada por Alberto Koube al entonces ministro. Según el tribunal, ese beneficio se materializó mediante la entrega de una embarcación Azimut AZ 42 y el pago de un tour por Europa. La magistrada ubicó la operación en el contexto de adjudicaciones y direccionamiento de licitaciones.

La jueza afirmó que Roa “aceptó una embarcación de la marca Azimut AZ42” ofrecida por Koube. Señaló que fue importada por el Grupo Tapyracuai SA el 16 de agosto de 2018. En ese punto, el tribunal vinculó la entrega con el supuesto intercambio de favores en contrataciones públicas.

Además, Sánchez explicó que, para disimular el destino y origen real del bien, se elaboró un contrato de compraventa. Según expresó, Roa y Koube “confeccionaron un contrato” por el cual Tapyracuai SA vendía la embarcación por USD 450.000 a Roa. El tribunal consideró que ese documento buscó dar apariencia legal a una entrega que se evaluó como coima.

La magistrada sostuvo que la supuesta operación fue una simulación. Señaló que “no hay recibos, no hay pagarés” ni constancias en registros contables del Grupo Tapyracuai. También mencionó que no se declaró ante la Secretaría de Estado de Tributación y que “no hay registro en la Prefectura Naval” sobre la embarcación. Para el tribunal, esos vacíos reforzaron la hipótesis de encubrimiento.

Koube, licitaciones y montos: el “beneficiario final”

En cuanto a Alberto Koube Ayala, procesado en el caso A Ultranza, el tribunal lo condenó a 6 años de prisión. Fue hallado culpable por lesión de confianza como instigador, soborno agravado, administración en provecho propio como instigador, lavado de dinero y lavado de activos. El fallo concluyó que su rol fue decisivo en el esquema atribuido.

Según la jueza Sánchez, se tuvo por probado que Koube estaba detrás de licitaciones impulsadas por la SEN. El tribunal indicó que era quien tomaba decisiones y obtenía beneficios en cada llamado. Además, se sostuvo que los procesos licitatorios fueron simulados, porque Koube aparecía como beneficiario final.

La presidenta del Tribunal señaló que, antes de la entrega de la embarcación, Koube ya había sido adjudicado con fondos de emergencia. Mencionó los Fones N° 11/2018 y Fones N° 20/2018. También indicó que hubo adjudicaciones posteriores a agosto de 2018, cuando se registró la recepción del bien.

El tribunal también afirmó que Roa adjudicó contrataciones a empresas vinculadas a Koube. Citó rubros como alquiler de camiones y provisión de chapas de fibrocemento. Además, se mencionó a Noemacol SA, donde Koube fue director titular, y a la Distribuidora San Blas, en la que figuraba como accionista.

Finalmente, los jueces sostuvieron que Koube fue favorecido en varias adjudicaciones. Se detalló que los Fones N° 11/2018, N° 20/2018 y N° 1/2019 fueron adjudicados a Tapyracuay SA por G. 3.690.000.000. También se indicó que el Fones N° 40/2018 fue adjudicado a Noemacol SA por G. 1.800.000.000 y que la Distribuidora San Blas fue contratada por G. 1.440.000.000.

Fuente: ABC Color