La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial recordó a la ciudadanía la prohibición que rige para menores de edad. Según la normativa vigente, las personas menores de 18 años no pueden conducir vehículos motorizados. El recordatorio está dirigido especialmente a padres y tutores. El objetivo es reforzar el cumplimiento de la ley y prevenir riesgos viales.
La disposición se encuentra establecida en la Ley 5016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Esta normativa fija los 18 años como edad mínima para conducir. Además, exige la obtención previa de una licencia de conducir habilitante. Sin este requisito, ninguna persona puede circular legalmente con un vehículo motorizado.
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La ley especifica las categorías habilitadas a partir de los 18 años. Estas incluyen las licencias para vehículos particulares, motociclistas y conductores extranjeros. Para las licencias profesionales, la exigencia etaria es mayor. En estos casos, se requiere tener al menos 24 años para la categoría A y 25 años para la A superior.
Además, el capítulo IV de la ley regula aspectos vinculados a la educación vial. En su inciso 11, establece el compromiso de promover conductas seguras. El texto apunta a evitar riesgos en la conducción por menores de edad. También menciona situaciones vinculadas al consumo de alcohol, estupefacientes o al agotamiento físico.
La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial es la autoridad de aplicación de esta normativa. Su función incluye la fiscalización de políticas y medidas de seguridad vial en todo el territorio nacional. Sin embargo, estas atribuciones no afectan las competencias que corresponden a las municipalidades. Los municipios también participan en los controles y acciones preventivas.
Por lo tanto, la institución reiteró la importancia del rol de las familias en el cumplimiento de la ley. El respeto a la edad mínima y a las licencias habilitantes es clave para reducir siniestros viales. La normativa vigente busca proteger la vida y la integridad de todos los usuarios de la vía pública. El llamado apunta a reforzar la responsabilidad compartida entre Estado y ciudadanía.
Fuente: ÚH
