Los 29 campesinos imputados por el intento de invasión de la estancia Lusipar, en el departamento de San Pedro, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Actualmente, ninguno permanece recluido en la penitenciaría regional, tras resoluciones judiciales adoptadas de manera progresiva en los últimos días.
Los procesados enfrentan cargos por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso. En una primera etapa, 27 de los imputados fueron enviados a la cárcel regional de San Pedro. Además, un adulto mayor recibió arresto domiciliario y otro imputado quedó con prisión preventiva hospitalaria debido a lesiones sufridas durante los enfrentamientos.
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Sin embargo, con el avance del proceso judicial, los imputados comenzaron a acceder a medidas alternativas. De manera gradual, se dispuso el arresto domiciliario y otras medidas sustitutivas. Finalmente, los 29 campesinos recuperaron la libertad, aunque continúan sujetos a restricciones impuestas por el juzgado interviniente.
El abogado defensor, Víctor Sanguina, cuestionó el accionar del Ministerio Público y del Poder Judicial. Sostuvo que el proceso penal busca criminalizar la protesta campesina. Además, anunció que solicitará un cambio en la carátula de la causa, al considerar que los hechos fueron calificados de manera desproporcionada.
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El conflicto se originó el 5 de diciembre, cuando una caravana de aproximadamente 50 vehículos derribó el portón de acceso a la estancia Lusipar, conocida como lote Toro Vevé. El operativo policial incluyó a más de 800 efectivos. Como resultado del enfrentamiento, dos policías resultaron heridos por arma de fuego, varios campesinos sufrieron lesiones y se registraron daños en móviles policiales. También fueron retenidos 32 vehículos pertenecientes a los manifestantes.
Posteriormente, los campesinos realizaron movilizaciones frente a la Fiscalía y al Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray. Exigieron la liberación de los detenidos y la devolución de vehículos y herramientas incautadas. Asimismo, en una asamblea realizada en la comunidad de Tava Guaraní, dirigentes campesinos anunciaron que reorganizarán fuerzas para un nuevo intento de ocupación de las tierras. La estancia Lusipar, de unas 11.000 hectáreas, está bajo administración de Senabico tras ser incautada al narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”. Su arrendamiento a privados continúa siendo el principal punto del reclamo.
Fuente: ABC Color
