Armas desplegadas en el piso, en el local de la playa de autos y armería “Carros Vía Chile”, en el marco de la operación “Andina”, que investiga el tráfico internacional de armas. Gentileza, Archivo.
La jueza Rosarito Montania resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Estela Colmán Otazú, Fredy Orlando Benegas Garay y Pablo César Colmán Benítez, acusados por presuntos hechos vinculados al tráfico ilícito de armas de fuego en el Operativo Andina. La decisión se dio tras admitir íntegramente la acusación presentada por el Ministerio Público durante la audiencia preliminar.
Según la investigación fiscal, los acusados habrían utilizado documentación no auténtica para simular ventas inexistentes de armas, las cuales figuraban como comercializadas, pero nunca contaron con autorización oficial para su transferencia. Algunos de estos armamentos fueron posteriormente incautados en territorio brasileño, mientras que la mayoría continúa con paradero desconocido.
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La causa se originó a partir de dos verificaciones realizadas por la entonces Dirección de Material Bélico (DIMABEL), hoy DIGEMABEL, a través del Centro Nacional de Rastro de Armas (CENARA). Las inspecciones se efectuaron los días 12 de febrero y 22 de marzo de 2024 en la empresa importadora Carros Vía Chile S.A., en el marco del proceso de renovación de su registro de importación solicitado por su representante legal, Estela Colmán Otazú.
Durante dichos controles, se constató el faltante de 198 armas de fuego que, conforme a los registros oficiales, debían encontrarse en los depósitos de la firma. El lote incluía 24 rifles HUSAN ARMS modelo MKA556 calibre .223 y 174 pistolas HUSAN ARMS modelo MKA919 calibre 9 milímetros.
En la primera verificación estuvo presente Pablo César Colmán Benítez, quien afirmó que las armas habían sido vendidas a la casa comercial Caza y Pesca 19 de Marzo. Para sustentar esa versión, presentó copias de facturas. Sin embargo, se determinó que DIMABEL nunca autorizó la comercialización ni el transporte de dichas armas y que los documentos no estaban registrados ante la autoridad tributaria.
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Además, se comprobó que el local señalado como comprador no estaba operativo en las fechas consignadas y que su titular posee antecedentes penales, además de una orden de captura internacional. Mediante cooperación con la Policía Federal del Brasil, se confirmó la incautación de cuatro rifles correspondientes al lote faltante, mientras que las otras 194 armas continúan sin ser localizadas.
El Ministerio Público también detectó inconsistencias en las fechas de emisión de las facturas, el uso de timbrados vencidos y la supuesta elaboración posterior de los documentos. La acusación sostiene que los tres procesados habrían facilitado y utilizado estos comprobantes para simular operaciones comerciales inexistentes e inducir a error a la autoridad de control.
Fuente: Megacadena
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