Foto: Gentileza.
La Corte Suprema de Justicia resolvió suspender sin goce de salario a la fiscala de Coronel Oviedo, Gloria Mabel Rojas Cañete, quien se encuentra imputada por presunta coima y sometida a un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La medida fue adoptada por el pleno de la máxima instancia judicial, tras analizar un pedido remitido por el Jurado de Enjuiciamiento. La agente del Ministerio Público estaba a cargo de la investigación por el feminicidio de la adolescente María Fernanda, ocurrido en mayo de 2025.
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Durante la sesión, el ministro Manuel Ramírez Candia propuso que la suspensión administrativa se aplique sin percepción salarial, atendiendo a la gravedad de los hechos atribuidos a la fiscala. La moción fue acompañada de manera unánime por los demás ministros.
Al fundamentar su postura, Ramírez Candia sostuvo que la investigación penal en curso podría aportar nuevos elementos relevantes para el análisis del caso. Asimismo, precisó que la imputación contra Rojas Cañete es por cohecho pasivo agravado, una figura penal considerada de alta gravedad.
Por su parte, el ministro César Garay Zuccolillo, presidente del Jurado de Enjuiciamiento, explicó que la comunicación inicial remitida a la Corte no hacía referencia expresa al goce de salario. No obstante, afirmó que el órgano ya había deliberado sobre el caso y respaldó plenamente la suspensión sin sueldo.
En su intervención, Ramírez Candia relató que, mientras la fiscala investigaba el caso María Fernanda Benítez, se habría producido un acercamiento irregular con el entorno del imputado. Según expuso, el acusado habría contactado a la agente a través de su madre, quien mantenía una relación previa con la fiscala.
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De acuerdo con los antecedentes mencionados, Rojas Cañete habría sugerido un arreglo a través del abogado defensor del procesado, solicitando una suma de dinero a cambio de impulsar una medida procesal menos gravosa. Estas circunstancias fueron posteriormente puestas en conocimiento de la fiscala que asumió la causa.
El proceso disciplinario ante el Jurado de Enjuiciamiento se inició el 18 de diciembre, cuando el órgano resolvió el desafuero de la agente y su enjuiciamiento de oficio, habilitando así su sometimiento pleno al proceso penal.
La fiscala fue imputada por su colega Silvia González Vester, quien investiga un supuesto pedido de coima de G. 36 millones a Franco Antonio Acosta Céspedes, procesado por el feminicidio de la adolescente. Según la imputación, el pago tenía como objetivo favorecer al encausado.
El escrito fiscal señala que el abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas habría actuado como intermediario. El 26 de noviembre se realizó una entrega vigilada de G. 30 millones, previamente fotocopiados, lo que permitió avanzar en la investigación y vincular a la fiscala con el presunto hecho punible.
Fuente: ABC Color
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