Santiago Peña firmó el 29 de diciembre pasado la ley que devuelve feudos a ministros de Corte de la Corte Suprema. Foto: MARTIN RIVEROS.
En medio de varias críticas políticas y con un aire de secretismo, el presidente de la República, Santiago Peña, aprobó una nueva ley que cambia cómo funciona internamente la Corte Suprema de Justicia.
Esta ley, conocida como la Ley N.º 7615, fue firmada el 29 de diciembre de 2025, pero recién se dio a conocer públicamente el 1 de enero, justo en pleno feriado nacional, a través del boletín oficial del gobierno.
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Antes, los ministros de la Corte Suprema tenían que rotar cada cierto tiempo entre las distintas regiones judiciales del país —18 en total—, lo cual ayudaba a evitar que se quedaran por mucho tiempo en un mismo lugar y acumularan demasiado poder. Pero con esta nueva norma, esa rotación obligatoria desaparece, y ahora podrán quedarse de forma indefinida a cargo de una región, si así lo deciden.
El Gobierno dice que este cambio busca ordenar mejor el sistema judicial, pero varios sectores críticos piensan distinto. Para ellos, esta decisión podría servir para afianzar el control político dentro del Poder Judicial y reducir su independencia, es decir, hacerlo más vulnerable a presiones desde el Ejecutivo o partidos políticos.
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Este cambio no vino de la nada. El 9 de diciembre, la Cámara de Diputados —con mayoría de legisladores aliados al expresidente Horacio Cartes— ya había aprobado esta ley.
Poco después, surgieron rumores sobre una reunión secreta que habría ocurrido en la residencia presidencial (Mburuvicha Róga), en la que habrían participado seis de los nueve ministros de la Corte y el propio Cartes. Nadie negó que ese encuentro haya sucedido, lo que aumentó las sospechas de que todo fue acordado políticamente desde antes.
Durante el debate en el Congreso, legisladores opositores advirtieron que eliminar la rotación abre la puerta a una concentración de poder, similar a lo que ha ocurrido en otros países de la región donde el poder judicial ha perdido autonomía frente al Ejecutivo.
La controversia fue tan grande que, el 23 de diciembre, el presidente Peña hizo una visita sorpresa a la Corte Suprema. La prensa fue avisada casi en el último momento, y esa reunión ni siquiera estaba en la agenda oficial.
Aunque el gobierno dijo que fue una visita institucional, muchos analistas la vieron como un intento de limpiar la imagen del presidente después del escándalo por la supuesta reunión reservada.
Fuente: ABC Color
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